La condena a cadena perpetua de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos reavivó el debate sobre el destino de los bienes atribuidos al cofundador del Cártel de Sinaloa. En los últimos días, algunos titulares y publicaciones en redes sociales utilizaron el término “moche” para describir la intención del Gobierno de México de reclamar parte de los recursos decomisados; sin embargo, esa expresión no corresponde a la postura oficial de las autoridades.
Lo que plantea la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum es la posibilidad de solicitar, por la vía jurídica y con base en los tratados internacionales de cooperación, una parte de los bienes que eventualmente logre recuperar Estados Unidos, con el argumento de que los delitos y los daños ocasionados por las actividades del narcotráfico afectaron directamente a México.
¿Por qué México quiere reclamar parte del dinero de ‘El Mayo’ Zambada?
Luego de que el juez federal Brian Cogan ordenara el decomiso de 15 mil millones de dólares como parte de la sentencia contra Ismael “El Mayo” Zambada, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de revisar los instrumentos jurídicos vigentes para determinar si existe fundamento legal para solicitar una parte de esos recursos.
La mandataria subrayó que no se trata de una negociación política ni de un pago indebido, sino de un procedimiento contemplado dentro de los mecanismos de cooperación judicial y recuperación de activos entre países.
El argumento del Gobierno de México
La administración federal sostiene que una eventual recuperación de recursos tendría como objetivo reparar, al menos parcialmente, los daños sociales y económicos derivados de la violencia generada por las organizaciones criminales.
De acuerdo con la postura expresada por el Gobierno, los delitos relacionados con el tráfico de drogas y el lavado de dinero tuvieron origen o impacto directo en territorio mexicano, por lo que existe un argumento para solicitar que parte de los bienes decomisados regresen al país.
En caso de obtener una resolución favorable, los recursos serían destinados prioritariamente a programas sociales enfocados en la atención de comunidades vulnerables y en estrategias de prevención dirigidas a jóvenes en riesgo.
Los obstáculos para recuperar los recursos
Aunque la cifra de 15 mil millones de dólares ha generado gran expectativa, la recuperación efectiva de ese dinero enfrenta importantes desafíos.
La propia Fiscalía de Estados Unidos reconoció que el monto establecido por el juez corresponde a una estimación de las ganancias ilícitas obtenidas por Zambada durante varias décadas de actividades criminales. Sin embargo, una parte significativa de esos activos aún no ha sido localizada, asegurada o congelada.
En otras palabras, la orden de decomiso no significa que las autoridades estadounidenses tengan actualmente bajo su control la totalidad de esa fortuna.
Otro factor que complica el escenario es el precedente judicial de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En 2019, el líder del Cártel de Sinaloa también fue condenado en Estados Unidos y recibió una orden de decomiso por aproximadamente 12 mil 600 millones de dólares. En aquella ocasión, el Gobierno de México manifestó su interés en recuperar parte de esos recursos; sin embargo, el dinero nunca fue compartido debido a la ausencia de mecanismos inmediatos de distribución y a las dificultades para localizar los activos vinculados al narcotraficante.
Ese antecedente muestra que obtener una sentencia multimillonaria no garantiza que los bienes puedan recuperarse ni que posteriormente sean repartidos entre ambos países.
¿Qué sigue en el proceso?
Por ahora, el siguiente paso corresponde a la Fiscalía General de la República, que deberá revisar los acuerdos bilaterales y tratados internacionales aplicables para determinar si México puede presentar formalmente una solicitud de recuperación o distribución de activos.
Cualquier gestión dependerá tanto de la localización efectiva de los bienes como de las resoluciones que emitan las autoridades estadounidenses encargadas de ejecutar el decomiso.
