La muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ocurrida durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, generó una respuesta institucional inmediata por parte de la Secretaría de Educación Pública.
Hoy lunes 27 de julio, durante la conferencia matutina, el secretario Mario Delgado informó que se envió un oficio a todas las autoridades educativas estatales para recordar que ninguna modalidad de educación militarizada está autorizada por la Constitución ni por la Ley General de Educación en el nivel de educación básica. “Ni la Secretaría de Educación ni la Secretaría de la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades”, afirmó Delgado.
La dependencia también anunció que se llevarán a cabo supervisiones en todo el país. En Tamaulipas se identificaron al menos cinco escuelas adicionales que operan bajo modelos similares. La SEP enfatizó que la educación militar está reservada exclusivamente a las instituciones de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, y no puede impartirse como parte de la educación primaria o secundaria.
El caso de Dafne Zapata, que diversas fuentes han calificado como feminicidio, puso de relieve la existencia de academias y campamentos que utilizan terminología y prácticas militarizadas sin contar con el marco legal correspondiente. Especialistas y organizaciones de derechos de la infancia han señalado durante años que este tipo de instituciones vulneran derechos de niñas, niños y adolescentes al permitir prácticas de disciplina extrema, novatadas o maltrato.
Delgado subrayó que cualquier práctica de maltrato, trato inhumano o degradante está prohibida y que las autoridades estatales, responsables de otorgar los reconocimientos de validez oficial de estudios (RVOE), deben verificar que las escuelas cumplan estrictamente con la normativa.
La medida busca evitar que se repitan hechos similares y establecer un control más estricto sobre instituciones que operan al margen del sistema educativo formal. La SEP indicó que seguirá trabajando de manera coordinada con las entidades federativas para garantizar que todas las escuelas de educación básica respeten el marco legal vigente.
