La lista de integrantes del oficialismo en Baja California a quienes el gobierno de Estados Unidos les ha revocado la visa de ingreso continúa ampliándose. De acuerdo con información difundida por ZETA Tijuana y con los casos que han sido confirmados públicamente por los propios involucrados o mediante declaraciones oficiales, suman ocho personajes vinculados a Morena y a gobiernos emanados de ese partido que enfrentan la cancelación de su documento migratorio.
El caso que dio mayor notoriedad al tema fue el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien confirmó en mayo de 2026 que tanto ella como su entonces esposo, Carlos Torres Torres, fueron notificados de la revocación de sus visas estadounidenses. La mandataria sostuvo en ese momento que la medida obedecía a una decisión administrativa de las autoridades consulares de Estados Unidos y aseguró que no existía investigación penal alguna en su contra ni había recibido información sobre los motivos específicos de la determinación.
Carlos Torres Torres, exfuncionario estatal y municipal en Tijuana y quien durante varios años fungió como coordinador de proyectos estratégicos del gobierno bajacaliforniano, también confirmó la cancelación de su documento migratorio. Tras darse a conocer el hecho, anunció su separación de las responsabilidades públicas que desempeñaba para concentrarse en atender su situación jurídica y personal.
Posteriormente, la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, confirmó igualmente que su visa estadounidense fue revocada. La presidenta municipal señaló que recibió la notificación correspondiente por parte de las autoridades consulares y manifestó que respetaría la decisión, aunque indicó que desconocía las razones específicas de la cancelación.
En esa misma situación se encuentra Luis Samuel Guerrero Delgado, esposo de la alcaldesa de Mexicali, cuyo nombre también forma parte del grupo de personas a quienes les fue retirado el documento que permite el ingreso legal a territorio estadounidense.
La relación de casos incluye además a Montserrat Caballero Ramírez, exalcaldesa de Tijuana, quien informó públicamente sobre la revocación de su visa. Caballero aseguró que no había sido notificada de alguna investigación en su contra y atribuyó el hecho a una determinación unilateral de las autoridades estadounidenses, sin que le fueran explicadas las causas.
Asimismo, figura Araceli Brown Figueredo, diputada federal de Morena y exalcaldesa de Playas de Rosarito. Aunque su nombre fue incorporado a la lista de funcionarios afectados, las autoridades estadounidenses mantienen como política no informar públicamente los motivos específicos relacionados con decisiones consulares de carácter individual, por lo que no existe una explicación oficial sobre la cancelación de su visa.
También aparece José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, quien se suma al grupo de autoridades municipales de Baja California que enfrentan restricciones para ingresar a Estados Unidos derivadas de la revocación de su documento migratorio.
Otro de los nombres es el del diputado local morenista José Eduardo Cantón Rocha, quien igualmente ha sido señalado entre los políticos bajacalifornianos cuya visa estadounidense fue cancelada.
La legislación de Estados Unidos establece que las visas son un privilegio migratorio y no un derecho adquirido, por lo que las autoridades consulares cuentan con amplias facultades para emitirlas, cancelarlas o revocarlas. En la mayoría de los casos, el gobierno estadounidense no hace públicos los fundamentos específicos de estas determinaciones debido a las disposiciones de confidencialidad previstas en su legislación migratoria.
La acumulación de casos ha colocado a Baja California en el centro de la atención política nacional, debido a que la mayoría de las personas involucradas pertenecen al mismo grupo político o mantienen vínculos con administraciones encabezadas por Morena en la entidad.
Desde que comenzaron a conocerse estas revocaciones, diversos actores políticos de oposición han solicitado mayor transparencia sobre las circunstancias que rodean los casos, mientras que los funcionarios involucrados han insistido en que la cancelación de una visa no implica, por sí misma, la existencia de investigaciones penales, acusaciones judiciales o responsabilidades administrativas.
Hasta el momento, el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha emitido un posicionamiento público en el que detalle las razones particulares de las revocaciones correspondientes a estos ocho personajes del oficialismo bajacaliforniano, manteniendo la reserva que habitualmente aplica para este tipo de procedimientos consulares.
