Las declaraciones del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, al aseguraren un video que “la Presidenta les manda” los 2 mil 500 pesos correspondientes a la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina provocaron una nueva polémica al ser interpretadas por diversos sectores como una personalización de recursos públicos que, por ley, provienen del Presupuesto de Egresos de la Federación y no del patrimonio de la titular del Poder Ejecutivo.
Durante un acto público relacionado con la entrega de apoyos educativos, Delgado afirmó ante los beneficiarios que “la Presidenta les manda” el recurso económico de la beca, una expresión que rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales y generó cuestionamientos por el mensaje que transmite respecto al origen de los programas sociales financiados con dinero público.
Especialistas en materia electoral y de derecho constitucional han sostenido en distintas ocasiones que los programas sociales pertenecen al Estado mexicano y no pueden presentarse como dádivas personales de funcionarios o gobernantes. La Constitución establece que los recursos públicos tienen un origen definido y deben ejercerse conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia.
La Beca Rita Cetina forma parte de los programas sociales financiados mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado anualmente por la Cámara de Diputados. Ese presupuesto se integra principalmente con los impuestos que pagan los contribuyentes, los ingresos petroleros, los derechos, aprovechamientos y otros ingresos del Estado, además de recursos obtenidos mediante financiamiento público autorizado por el Congreso de la Unión, es decir, deuda pública.
En ese contexto, los recursos destinados a este programa no provienen del patrimonio personal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ni de ningún integrante del gabinete federal, sino de fondos públicos cuya asignación y ejercicio están sujetos a controles presupuestarios, fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación y supervisión de distintas instancias del Estado.
Las expresiones de Mario Delgado también reavivaron el debate sobre los límites legales en la promoción de programas gubernamentales. La legislación electoral mexicana prohíbe el uso personalizado de programas sociales con fines de promoción política o electoral, así como cualquier acción que pueda influir en la percepción ciudadana respecto de quién entrega los beneficios financiados con recursos públicos.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales contempla sanciones para servidores públicos que condicionen programas sociales, utilicen bienes o recursos públicos con fines electorales o realicen conductas destinadas a influir en la equidad de una contienda. No obstante, para que una conducta sea considerada formalmente un delito electoral debe existir una investigación por parte de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales y, en su caso, una resolución de las autoridades competentes que determine la actualización de los elementos previstos en la legislación.
Por ello, aunque juristas y actores políticos han señalado que declaraciones como las realizadas por el titular de la SEP podrían dar lugar a denuncias o a un análisis por parte de las autoridades electorales, corresponde exclusivamente a las instituciones competentes determinar si existe una infracción administrativa o la comisión de un delito electoral.
La controversia ocurre en un contexto en el que las autoridades electorales han reiterado, en distintos procesos comiciales, que los servidores públicos deben evitar atribuir personalmente la entrega de programas financiados con recursos federales, ya que éstos son derechos establecidos en las políticas públicas y sufragados con dinero de todos los contribuyentes.
La Beca Rita Cetina es uno de los principales programas sociales impulsados por el Gobierno federal para estudiantes de educación básica. Su operación depende del presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados y su ejecución corresponde a la Secretaría de Educación Pública, bajo las reglas de operación y lineamientos establecidos para garantizar la entrega de los apoyos a las familias beneficiarias.
La declaración del secretario de Educación volvió a colocar en el centro del debate la obligación de los servidores públicos de comunicar los programas sociales sin atribuirlos a una persona en particular, sino al Estado mexicano, cuyo financiamiento descansa en los recursos públicos aportados por la sociedad y administrados conforme a las disposiciones constitucionales y presupuestarias vigentes.
