La Corte Suprema de Estados Unidos mantuvo vigente, por ahora, el principio de ciudadanía por nacimiento para las personas nacidas en territorio estadounidense, incluidos los hijos de padres que se encuentran en el país de manera irregular o con una situación migratoria temporal, al no permitir que entre en vigor una modificación de alcance nacional que buscaba restringir ese derecho mientras continúan los litigios en tribunales inferiores.
La decisión mantiene sin cambios la aplicación de la interpretación histórica de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece que toda persona nacida o naturalizada en el país y sujeta a su jurisdicción es ciudadana estadounidense. Durante más de un siglo, ese precepto ha sido la base jurídica de la ciudadanía por nacimiento y ha sido respaldado por la jurisprudencia de la propia Corte Suprema.
El debate llegó nuevamente al máximo tribunal luego de que la administración del presidente Donald Trump impulsara acciones para limitar el reconocimiento automático de la ciudadanía a hijos de personas que permanecen en Estados Unidos sin autorización migratoria o con estatus temporal. Diversos estados, organizaciones civiles y grupos defensores de los derechos de los migrantes promovieron recursos judiciales al considerar que esa medida contravenía la Constitución.
En respuesta, jueces federales emitieron órdenes para impedir la aplicación de la política mientras se analizaba su constitucionalidad. La controversia escaló hasta la Corte Suprema, que decidió mantener suspendidos los efectos de la medida en los estados donde existían impugnaciones, lo que en la práctica conserva vigente el esquema tradicional de ciudadanía por nacimiento para millones de personas potencialmente afectadas.
Aunque el máximo tribunal no resolvió de manera definitiva el fondo del debate constitucional, sí dejó intacto el marco legal vigente mientras los procesos continúan. La decisión significa que los nacimientos ocurridos en territorio estadounidense seguirán otorgando la ciudadanía conforme a la interpretación constitucional que ha prevalecido durante décadas.
El tema gira en torno al alcance de la llamada cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda, adoptada en 1868 tras la Guerra Civil estadounidense. Ese texto constitucional ha sido interpretado históricamente como una garantía de ciudadanía para prácticamente todas las personas nacidas en Estados Unidos, con excepciones muy limitadas, como los hijos de diplomáticos extranjeros acreditados en el país.
Uno de los precedentes más relevantes es el caso United States v. Wong Kim Ark, resuelto por la Corte Suprema en 1898. En esa sentencia, el tribunal determinó que un hombre nacido en San Francisco de padres ciudadanos chinos tenía derecho a la ciudadanía estadounidense por haber nacido en territorio nacional, consolidando la interpretación amplia de la Decimocuarta Enmienda.
Especialistas en derecho constitucional han señalado durante años que modificar ese criterio mediante una acción del Poder Ejecutivo enfrentaría importantes obstáculos jurídicos, debido a que el principio se encuentra respaldado por el texto constitucional y por una larga línea de precedentes judiciales. Diversos académicos sostienen que un cambio de esa naturaleza requeriría, en última instancia, una reinterpretación expresa de la Constitución por parte de la Corte Suprema o una reforma constitucional, un procedimiento que exige amplios consensos políticos.
La controversia también tiene implicaciones políticas y migratorias. Quienes respaldan limitar la ciudadanía por nacimiento argumentan que la medida contribuiría a reducir la migración irregular y evitaría que el nacimiento de un hijo en territorio estadounidense genere beneficios migratorios para sus familiares. En contraste, organizaciones de derechos civiles sostienen que restringir ese derecho vulneraría garantías constitucionales y crearía incertidumbre jurídica para miles de niños nacidos en el país.
Para México, el tema resulta especialmente relevante debido al elevado número de connacionales que residen en Estados Unidos. De acuerdo con datos oficiales de ambos países, millones de mexicanos viven en territorio estadounidense y una parte importante de ellos tiene hijos nacidos en ese país, quienes adquieren la ciudadanía estadounidense conforme al marco jurídico actualmente vigente.
La decisión de la Corte Suprema no pone fin al litigio. Los casos seguirán su curso en tribunales inferiores y eventualmente podrían regresar al máximo tribunal para una resolución definitiva sobre la constitucionalidad de cualquier intento por restringir la ciudadanía por nacimiento. Mientras ello ocurre, permanece vigente el criterio histórico que reconoce como ciudadanos estadounidenses a las personas nacidas en el territorio nacional, independientemente del estatus migratorio de sus padres, salvo las excepciones reconocidas por la propia Constitución y la jurisprudencia.
