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Corregirá Sheinbaum reforma de “pensiones doradas” para eliminar contradicciones legales

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará al Congreso de la Unión una nueva iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución con el objetivo de corregir las inconsistencias que permanecieron tras la modificación aprobada este año en materia de las denominadas “pensiones doradas”. La propuesta buscará establecer de manera expresa que el límite máximo de las pensiones que reciben ex servidores públicos sea equivalente al salario de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal.

Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria reconoció que la redacción aprobada en la reforma constitucional no dejó suficientemente claro cuál debía ser el monto máximo permitido para este tipo de prestaciones, situación que derivó en interpretaciones distintas sobre su aplicación.

“En efecto, a la hora que se propuso la reforma no quedó claro”, señaló Sheinbaum, al explicar que la recomendación de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es precisar en el texto constitucional que ninguna pensión podrá superar el salario de la Presidencia de la República.

La titular del Ejecutivo adelantó que la iniciativa será presentada una vez que el Congreso reanude sus actividades, con el propósito de eliminar cualquier ambigüedad jurídica y brindar certeza sobre los criterios aplicables a quienes actualmente reciben este tipo de pensiones.

La presidenta enfatizó que la modificación no representa un cambio de rumbo en la política impulsada por su administración para eliminar los llamados privilegios en el servicio público. Afirmó que el objetivo continúa siendo impedir que existan pensiones consideradas excesivas o desproporcionadas, como las que, según dijo, llegaron a alcanzar montos de hasta un millón y medio de pesos mensuales.

“Ya nadie puede recibir hasta un millón y medio de pesos mensuales… había gente que recibía montos desorbitantes”, sostuvo durante su intervención.

De acuerdo con la explicación ofrecida por la Consejería Jurídica, la reforma constitucional aprobada anteriormente dejó coexistiendo dos conceptos que podían resultar contradictorios respecto al monto máximo de las pensiones de jubilados de organismos públicos como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

Ante esa falta de precisión normativa, la interpretación jurídica recomendó aplicar el criterio que otorgara mayor protección a las personas pensionadas, estableciendo como límite el equivalente al salario presidencial, mientras se promovía una nueva reforma para aclarar definitivamente el texto constitucional.

Con ello, el gobierno federal busca evitar litigios o interpretaciones encontradas sobre el alcance de la reforma y garantizar que exista un parámetro único para el pago de las pensiones sujetas a ese régimen.

Sheinbaum insistió en que la iniciativa no modifica el principio aprobado por el Congreso para eliminar las denominadas “pensiones doradas”, sino que fortalece su aplicación al precisar el mecanismo constitucional que deberá utilizarse para fijar el tope correspondiente.

La reforma al artículo 127 forma parte de las medidas promovidas por el Ejecutivo para limitar las remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos bajo el principio de austeridad republicana, que establece que ningún ingreso financiado con recursos públicos debe ubicarse por encima de los parámetros fijados por la Constitución.

Según las cifras presentadas por el gobierno federal, la reducción de las pensiones consideradas excesivas ha permitido generar un ahorro aproximado de 5 mil millones de pesos, recursos que, de acuerdo con la administración federal, pueden destinarse a otros programas y prioridades del gasto público.

La iniciativa que será enviada al Poder Legislativo buscará cerrar el margen de interpretación que persiste en la legislación vigente y establecer de manera explícita que el techo de las pensiones para ex servidores públicos corresponda al salario de la Presidencia de la República, con el propósito de consolidar el marco constitucional que regula las remuneraciones y prestaciones financiadas con recursos públicos.

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