Al menos 19 influencers, youtubers y creadores de contenido digital han sido asesinados en México entre 2024 y lo que va de 2026, de acuerdo con un recuento periodístico que documenta casos ocurridos en ocho entidades del país. La cifra refleja un incremento sostenido en este tipo de homicidios, al pasar de cuatro víctimas registradas durante 2024 a 11 durante 2025, mientras que en los primeros meses de 2026 ya se contabilizan cuatro casos.

Los homicidios han alcanzado a hombres y mujeres que desarrollaban contenidos relacionados con moda, estilo de vida, entretenimiento, información de seguridad y policiaca, denuncias sobre asuntos públicos y medio ambiente, evidenciando que la violencia ha impactado a perfiles con actividades y audiencias muy distintas.

Sinaloa concentra el mayor número de casos documentados. De los 19 asesinatos registrados desde 2024, ocho ocurrieron en esa entidad. Guerrero acumula tres víctimas, mientras que Jalisco y Nuevo León registran dos casos cada uno. Baja California, Chiapas, Morelos y Guanajuato reportan un homicidio respectivamente.

El caso más reciente ocurrió la noche del martes en Culiacán, Sinaloa, donde César Gastélum, creador de contenido con más de 700 mil seguidores en TikTok y un canal en YouTube, fue asesinado mientras realizaba una transmisión en vivo. El crimen volvió a colocar bajo escrutinio los riesgos que enfrentan quienes generan contenido en plataformas digitales, particularmente en regiones donde la violencia del crimen organizado mantiene una fuerte presencia.

El incremento de estos homicidios ocurre en un contexto de creciente exposición pública de los creadores de contenido, quienes en muchos casos cuentan con audiencias que rivalizan con las de medios de comunicación tradicionales. Para el especialista en seguridad David Saucedo, esa influencia ha convertido a algunos de ellos en objetivos de organizaciones criminales que buscan controlar la información que circula en determinados territorios.

Saucedo explicó que, desde su perspectiva, algunos grupos delictivos recurren a influencers para impulsar narrativas favorables a sus intereses o para inhibir la difusión de información que consideran perjudicial. Afirmó que esta dinámica representa uno de los factores que podrían explicar por qué ciertos creadores de contenido han sido blanco de ataques.

El especialista también sostuvo que, en otros casos, las investigaciones han apuntado a presuntos vínculos con operaciones de lavado de dinero o blanqueo de capitales, mientras que existen homicidios cuyo origen estaría relacionado con conflictos personales o sentimentales. Estas hipótesis, subrayó, deben analizarse de manera individual conforme al avance de las investigaciones ministeriales.

Como ejemplo de un caso con una línea de investigación distinta, Saucedo mencionó el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, asesinada en mayo de 2025 dentro de su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, durante una transmisión en vivo. De acuerdo con las investigaciones referidas en el material consultado, las autoridades indagan la posible participación de Ramón Ángel Álvarez Ayala, identificado como “El R1” y señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien presuntamente habría ordenado el crimen a petición de su hijo Francisco, señalado como pareja sentimental de la víctima y buscado por el delito de feminicidio. La investigación continúa en curso.

La situación en Sinaloa ocupa un lugar central dentro de este fenómeno. En enero de 2025, cuando habían transcurrido cuatro meses del conflicto entre las facciones conocidas como Los Chapitos y Los Mayos, aparecieron en distintos puntos de Culiacán panfletos en los que eran exhibidas 25 personas, entre ellas políticos, empresarios, cantantes e influencers, quienes eran señalados de presuntos vínculos con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En esos documentos se afirmaba que algunas personas ya habían sido “eliminadas”. Entre ellas figuraban Juan Carlos, conocido como “El Chilango”; Miguel Vivanco, identificado como “El Jasper”; y Leobardo Aispuro, “El Gordo Peruci”. Posteriormente, durante 2025 también fueron asesinados Justin Paul, conocido como “El Pinki”; Adal Peña, “El Tata”; María de Jesús “N”, integrante de la familia de influencers conocida como Los Toys; y Gerardo, identificado como “El Jerry”.

Ese mismo año también fue asesinado en Ensenada, Baja California, Gail Castro, conocido en redes sociales como Gail Toys y hermano del influencer Markitos Toys. Asimismo, en Temixco, Morelos, fue privado de la vida Camilo Ochoa Delgado, conocido como “El Alucín”, cuyo nombre también aparecía en los panfletos difundidos en Culiacán.

Sin embargo, no todos los creadores de contenido asesinados mantenían, de acuerdo con la información disponible, una relación con temas vinculados al crimen organizado. A principios de julio de este año fue asesinado en Zihuatanejo, Guerrero, el youtuber Alex Serna, quien difundía contenidos relacionados con asuntos ambientales y había realizado diversas denuncias públicas.

Otro caso ocurrió el 6 de febrero en Huixtla, Chiapas, donde fue asesinado Juan Diego Maldonado Grijalva, conocido en redes como “El Chabelo”, quien había ganado notoriedad por publicar videos con críticas en tono humorístico dirigidas al alcalde Régulo Palomeque Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México.

También figura el homicidio de Sergio VG, ocurrido el 25 de febrero de 2025 en Juventino Rosas, Guanajuato. El creador de contenido realizaba transmisiones nocturnas sobre fenómenos paranormales y relatos de terror.

Frente a este panorama, David Saucedo consideró que el Estado mexicano mantiene una deuda en materia de protección hacia quienes generan contenidos en plataformas digitales. Afirmó que actualmente no existen protocolos específicos para este sector y sostuvo que los tres órdenes de gobierno han sido omisos al no reconocerlos como comunicadores susceptibles de recibir medidas de protección similares a las contempladas para periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

El especialista señaló que, debido al alcance e influencia que muchos de estos creadores tienen entre la población, resulta necesario revisar los mecanismos institucionales de protección y garantizar que los homicidios sean investigados y sancionados. En su opinión, la impunidad en estos casos favorece la repetición de la violencia y envía un mensaje de vulnerabilidad hacia quienes ejercen una labor de comunicación e influencia pública a través de las plataformas digitales.