El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones contra entidades e individuos vinculados al aparato militar de Cuba, al argumentar que el régimen comunista representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense por sus actividades de inteligencia, sus relaciones con gobiernos considerados adversarios de Washington y su presunto respaldo a actores violentos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que la administración del presidente Donald Trump designó a cinco entidades cubanas y ocho personas involucradas, según el gobierno estadounidense, en la adquisición de equipo militar para el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y los cuerpos de seguridad de la isla.
La decisión se sustenta en la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026 bajo el título “Imposing Sanctions on Those Responsible for Repression in Cuba and for Threats to United States National Security and Foreign Policy”, instrumento mediante el cual la Casa Blanca amplió las facultades para sancionar a quienes considere responsables de la represión en Cuba o de acciones que representen riesgos para la seguridad y la política exterior de Estados Unidos.
En un comunicado oficial, Rubio sostuvo que “el régimen comunista cubano es un Estado patrocinador del terrorismo” y aseguró que utiliza su aparato militar y de inteligencia para realizar actividades de espionaje contra Estados Unidos, brindar apoyo material a grupos radicales y organizaciones terroristas, además de difundir lo que calificó como una “ideología marxista venenosa” dentro del territorio estadounidense.
El jefe de la diplomacia estadounidense también afirmó que Cuba funciona como una plataforma desde la cual otros países considerados adversarios estratégicos de Washington, entre ellos Rusia, China e Irán, realizan operaciones dirigidas contra los intereses de Estados Unidos.
Asimismo, Rubio señaló que las instituciones militares y de inteligencia cubanas son, a juicio de su gobierno, los principales mecanismos de represión interna y forman parte de una estructura de corrupción y control económico encabezada por el conglomerado empresarial Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), empresa administrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias y que ha sido objeto de sanciones estadounidenses en ocasiones anteriores.
De acuerdo con el Departamento de Estado, las nuevas medidas buscan obstaculizar las redes internacionales utilizadas para abastecer de armamento y otros equipos al aparato militar cubano. Aunque el comunicado no detalló en ese momento la identidad de las cinco entidades ni de los ocho individuos sancionados, precisó que todos están relacionados con la obtención de material militar en el extranjero para el MINFAR y las fuerzas de seguridad del gobierno cubano.
Rubio afirmó que la administración Trump continuará utilizando “todas las herramientas disponibles” para enfrentar las amenazas que, según Washington, representa el gobierno cubano, así como para impulsar reformas económicas y políticas que, de acuerdo con la posición oficial estadounidense, permitan ofrecer un mejor futuro al pueblo de Cuba.
El funcionario también retomó una postura expresada previamente por el presidente Donald Trump, quien ha sostenido que Estados Unidos no permitirá que un “Estado rebelde” albergue operaciones militares, de inteligencia y de presunto terrorismo de gobiernos hostiles a apenas 90 millas de las costas estadounidenses.
Las nuevas sanciones forman parte del endurecimiento de la política exterior de la administración Trump hacia La Habana desde su regreso a la Casa Blanca. Durante los últimos meses, Washington ha incrementado las medidas económicas y financieras dirigidas contra instituciones estatales cubanas, particularmente aquellas vinculadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los organismos de seguridad.
El gobierno de Estados Unidos mantiene a Cuba en su lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, una designación que implica restricciones económicas, comerciales y financieras adicionales. El gobierno cubano ha rechazado reiteradamente esa clasificación, al considerar que carece de fundamento y responde a motivaciones políticas, mientras que Washington sostiene que la isla continúa realizando actividades incompatibles con los intereses de seguridad nacional estadounidenses.
Con este nuevo paquete de sanciones, la administración Trump profundiza la presión sobre las estructuras militares y de seguridad de Cuba, al tiempo que refuerza su estrategia de utilizar herramientas económicas y diplomáticas para limitar la capacidad operativa del régimen cubano y de sus redes internacionales, en un contexto de creciente tensión entre ambos países.
