El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, respondió a los señalamientos publicados por el diario El Norte sobre un exhorto aprobado por el Congreso local para revisar presuntas triangulaciones de recursos vinculadas con su entorno, al sostener que el caso ya fue investigado por distintas autoridades y que no existe resolución alguna que acredite actos de corrupción o daño patrimonial.
A través de un video difundido en sus redes sociales, el mandatario estatal afirmó que la publicación del periódico forma parte de una campaña sistemática en su contra y aseguró que la nota de portada corresponde únicamente a un exhorto legislativo aprobado junto con decenas de asuntos más, sin que represente una resolución judicial o administrativa.
Samuel García aseguró que no tiene “nada que esconder” y manifestó estar dispuesto a ser investigado nuevamente, aunque sostuvo que los hechos ya fueron revisados por las instancias competentes y que incluso existe una determinación de no ejercicio de la acción penal.
Durante su mensaje, explicó que el origen del asunto se remonta al proceso electoral de 2024, cuando, dijo, surgieron diversas denuncias en el contexto de la contienda política. Como respaldo de sus afirmaciones, mostró un documento que identificó como la resolución emitida por la Fiscalía de Nuevo León en la que se determinó el no ejercicio de la acción penal.
El gobernador precisó que en agosto de 2025 fue notificado formalmente como denunciado, al igual que la Tesorería estatal, encabezada por Ulises Carlín, dentro de la investigación derivada de denuncias presentadas por las diputadas Gabriela Govea, del PRI, e Itzel Castillo, del PAN, quienes señalaron un presunto acto de corrupción relacionado con pagos efectuados por un proveedor del gobierno a un despacho jurídico del que García formó parte antes de asumir cargos públicos.
Según relató el mandatario, tanto él como las personas involucradas comparecieron ante las autoridades y proporcionaron la documentación requerida, incluyendo información bancaria. Afirmó que, aunque integró dicho despacho antes de convertirse en gobernador, dejó de participar en él al asumir la titularidad del Poder Ejecutivo estatal.
Samuel García sostuvo que la Fiscalía concluyó que no existía daño patrimonial y que los pagos observados correspondían a servicios jurídicos efectivamente prestados, derivados de una auditoría realizada en 2015, año en el que, dijo, todavía no desempeñaba funciones como servidor público, pues inició su carrera política hasta agosto de ese mismo año como diputado local.
El gobernador también aseguró que las operaciones fueron revisadas por otras autoridades fiscales. Señaló que el contribuyente involucrado tiene domicilio en Puebla y que fue auditado por las autoridades tributarias de esa entidad, las cuales determinaron que los pagos correspondían a servicios reales. Añadió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) igualmente realizó revisiones tanto al despacho jurídico como a los contribuyentes relacionados y concluyó favorablemente las auditorías.
Asimismo, afirmó que la Auditoría Superior de la Federación revisó los pagos correspondientes y no formuló observaciones, por lo que consideró que cuatro instancias distintas coincidieron en que no existieron irregularidades ni triangulación de recursos.
Con base en esos antecedentes, el mandatario argumentó que el nuevo procedimiento impulsado desde el Congreso constituye un intento de reabrir un asunto que, desde su perspectiva, ya fue resuelto por las autoridades competentes. Incluso sostuvo que se trata de un caso de “cosa juzgada”, al considerar que no puede investigarse nuevamente a una persona por los mismos hechos.
En ese contexto, acusó a los diputados locales de utilizar el juicio político con fines políticos, luego de que, según afirmó, no prosperaran las vías penal y administrativa emprendidas previamente. Aseguró que el Congreso debería concentrarse en su función legislativa y en la aprobación del Presupuesto 2027, el cual, dijo, permanece pendiente y afecta la ejecución de proyectos estratégicos para el estado, entre ellos la expansión del sistema de Metro y otras obras de infraestructura.
Durante su mensaje también dirigió críticas al diario El Norte, al que acusó de publicar información sustentada en fuentes anónimas y de mantener una línea editorial adversa hacia su administración. Afirmó que el periódico le ha dedicado alrededor de 180 portadas y sostuvo que la publicación más reciente carece de pruebas que acrediten las presuntas triangulaciones.
Las declaraciones del gobernador se producen después de que el Congreso de Nuevo León aprobara un exhorto para revisar las operaciones señaladas en la información periodística. Hasta el momento, dicho acuerdo legislativo representa una solicitud de revisión y no constituye una resolución sobre la existencia de responsabilidades administrativas o penales.
Con su posicionamiento, Samuel García reiteró que está dispuesto a colaborar con cualquier autoridad competente, insistió en que las investigaciones previas concluyeron sin acreditar ilícitos y sostuvo que las acusaciones forman parte de una confrontación política que, a su juicio, busca afectar a su administración y frenar los proyectos de infraestructura impulsados por su gobierno.
