El Congreso de Jalisco dio un paso para cerrar el vacío legal que, hasta ahora, dificultaba sancionar de manera específica a quienes captan personas para incorporarlas a actividades delictivas. La Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales aprobó por unanimidad el dictamen impulsado por la diputada de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, para incorporar el delito de reclutamiento al Código Penal del estado.

La propuesta, que comenzó su recorrido legislativo en agosto de 2025, plantea establecer penas de cinco a 15 años de prisión para quien, mediante cualquier medio, coaccione, engañe, instigue, induzca o capte a una persona con la finalidad de que cometa un delito. El dictamen contempla además que, cuando la víctima sea una niña, un niño o un adolescente, la sanción aumente en una tercera parte.

El avance representa uno de los momentos más importantes en el proceso para reconocer jurídicamente una práctica que, de acuerdo con lo expuesto durante el análisis legislativo, puede comenzar lejos de la violencia física y mediante mecanismos de captación cada vez más difíciles de detectar. Las redes sociales, las plataformas digitales y las falsas ofertas de trabajo se han convertido en algunos de los mecanismos utilizados para acercarse principalmente a adolescentes.

Magaña ha advertido que el problema no puede abordarse únicamente cuando la víctima ya fue obligada a participar en un delito. Su iniciativa parte de la necesidad de sancionar también el acto de captación, debido a que actualmente el Código Penal de Jalisco no contempla una figura específica para esa conducta cuando todavía no se configura otro ilícito.

Durante la discusión en comisión se retomaron casos relacionados con adolescentes que fueron contactados mediante redes sociales o falsas propuestas laborales y que pudieron ser localizados antes de ser explotados por grupos criminales. Para la legisladora, estos casos muestran la necesidad de actuar desde el primer momento en que ocurre la captación y no esperar a que la persona sea obligada a cometer un delito o desaparezca.

“Hoy el Código Penal no tiene una sanción para esa aberrante conducta”, sostuvo Magaña al explicar que la ausencia de una figura penal específica representa un vacío que dificulta la actuación de las autoridades. La diputada ha planteado que el reclutamiento no debe entenderse solamente como un asunto de seguridad, sino como una agresión contra la integridad física, psicológica y moral de las víctimas.

Uno de los elementos centrales del dictamen es precisamente el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes reclutados como víctimas. La reforma establece que, además de perseguir a los responsables, las autoridades deberán generar condiciones para atender a quienes hayan sido afectados por esta práctica.

En ese sentido, la Fiscalía del Estado de Jalisco deberá implementar un protocolo especializado para estos casos y capacitar de manera permanente a su personal, con el propósito de garantizar una atención acorde con las características y necesidades de las víctimas.

La construcción de la propuesta también involucró a distintas instituciones y organizaciones. De acuerdo con la información difundida por el Congreso estatal, el trabajo legislativo contó con la participación de UNICEF, autoridades de procuración de justicia, representantes del Poder Judicial, especialistas y organizaciones de la sociedad civil. El dictamen incorporó observaciones técnicas y jurídicas derivadas de mesas de trabajo, ejercicios de Parlamento Abierto y reuniones con especialistas.

El proceso legislativo también ha buscado diferenciar esta conducta de otros delitos que pueden presentarse durante la captación o posteriormente. Durante la revisión del dictamen se señaló que, ante determinados casos, las autoridades deberán establecer si los hechos corresponden al delito de reclutamiento o a una desaparición, dependiendo de las circunstancias concretas. También se revisó la relación de esta figura con las competencias federales en materia de trata de personas.

La aprobación en comisión no significa todavía que la reforma sea ley. El dictamen deberá ser llevado al Pleno del Congreso de Jalisco, donde las diputadas y diputados tendrán que discutirlo y someterlo a votación. Si obtiene el respaldo necesario, continuará el procedimiento correspondiente para su entrada en vigor.

Para Magaña, la modificación penal representa solamente una parte de una estrategia más amplia. Paralelamente, la Comisión de Seguridad y Justicia avanzó en una propuesta enfocada en la prevención, atención y erradicación del reclutamiento forzado infantil, con la intención de complementar la sanción penal con mecanismos de prevención y protección.

La iniciativa original presentada en 2025 ya planteaba que el problema debía enfrentarse desde distintos frentes. En aquella ocasión, el Congreso de Jalisco informó que la propuesta buscaba crear un sistema de protección integral para niñas, niños y adolescentes, con atención psicológica, médica y educativa, además de acciones orientadas a la prevención y reinserción.

Ahora, con el aval unánime de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, Jalisco se acerca a contar con una herramienta jurídica específica para perseguir a quienes convierten el engaño, la coacción o la vulnerabilidad de las personas en una puerta de entrada hacia actividades criminales.

El siguiente paso estará en el Pleno. Ahí se definirá si la propuesta que comenzó hace un año su recorrido legislativo logra convertirse finalmente en una reforma al Código Penal estatal y, con ello, en una nueva herramienta para que las autoridades puedan actuar contra quienes intenten arrebatar a niñas, niños, adolescentes y demás personas la posibilidad de decidir sobre su propio futuro.