El exalcalde electo de Coquimatlán, Colima, Carlos Antonio Chavira George, fue condenado a seis años de prisión luego de que durante el proceso penal se acreditara su responsabilidad en el delito de abuso sexual cometido contra un adolescente de 13 años, informó la Fiscalía General del Estado de Colima.

La sentencia pone fin al proceso penal iniciado después de que la representante legal de la víctima presentó una denuncia ante la autoridad ministerial. Chavira George, quien había ganado en las elecciones de junio de 2024 la presidencia municipal de Coquimatlán como candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Colima, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), nunca llegó a asumir el cargo debido al proceso judicial iniciado en su contra.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía estatal, durante el juicio el Ministerio Público presentó elementos de prueba que permitieron demostrar la responsabilidad penal del acusado y obtener un fallo condenatorio de la autoridad jurisdiccional. Entre los elementos incorporados al proceso estuvieron audios, imágenes obtenidas de conversaciones de WhatsApp y testimonios relacionados con los hechos investigados.

La Fiscalía señaló que los hechos por los cuales fue condenado ocurrieron el 1 de enero de 2024, en un domicilio ubicado en el municipio de Coquimatlán. De acuerdo con la investigación ministerial, en ese lugar Chavira George realizó actos de naturaleza sexual contra un adolescente de 13 años, con lo que vulneró su integridad y libertad sexual.

La investigación comenzó después de que la representante legal del adolescente acudió ante la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente. A partir de las diligencias realizadas por la Fiscalía Especializada se integró la carpeta de investigación y posteriormente se obtuvo una orden de aprehensión contra el entonces candidato.

La detención ocurrió el 2 de septiembre de 2024, cuando agentes de la Policía Estatal ejecutaron el mandato judicial en el municipio de Colima. En ese momento, Chavira George era presidente municipal electo de Coquimatlán y se encontraba a poco más de un mes de la fecha prevista para la instalación de los nuevos ayuntamientos.

La captura había sido informada entonces por la Fiscalía General del Estado, que señaló que el político era investigado por su probable participación en delitos de abuso sexual y pornografía relacionados con una persona menor de edad. La detención se produjo después de una denuncia presentada el 26 de abril de 2024 por una mujer que acudió ante la dependencia en representación legal de su hijo adolescente.

El caso había adquirido relevancia política incluso antes de la elección municipal. Durante el proceso electoral de 2024, la candidatura de Chavira George fue objeto de impugnaciones relacionadas con la investigación penal existente en su contra. El Instituto Electoral del Estado de Colima registró al entonces candidato como aspirante propietario a la presidencia municipal de Coquimatlán por la coalición Fuerza y Corazón por Colima, conformada por PAN y PRI.

Posteriormente, el asunto llegó a los tribunales electorales. El Tribunal Electoral del Estado de Colima analizó los cuestionamientos relacionados con la elegibilidad del candidato y sostuvo que la existencia de una investigación penal no implicaba, por sí misma, la pérdida de sus derechos político-electorales mientras no existiera una sentencia condenatoria.

La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también revisó el caso. En agosto de 2024 confirmó, por razones distintas a las expuestas por la instancia local, la determinación relacionada con la elegibilidad de Chavira George. En aquella resolución se estableció que no existían elementos objetivos dentro del expediente electoral que acreditaran, en ese momento, que hubiera una orden de aprehensión en su contra ni que estuviera prófugo de la justicia.

La resolución electoral ocurrió antes de que se ejecutara la detención del entonces alcalde electo, por lo que el escenario jurídico cambió posteriormente con la aprehensión y el desarrollo del proceso penal.

La elección de junio de 2024 había dado el triunfo a Chavira George como candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Colima. El Instituto Electoral del Estado documentó su registro como candidato propietario a la presidencia municipal de Coquimatlán y, tras los resultados electorales, se expidió la constancia correspondiente.

Sin embargo, el proceso penal impidió que pudiera ejercer el cargo. La detención ocurrió antes de la fecha prevista para la instalación de los ayuntamientos, y el caso se mantuvo en los tribunales mientras avanzaban las investigaciones y posteriormente el juicio.

Ahora, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la etapa judicial concluyó con una sentencia condenatoria. El tribunal impuso a Chavira George seis años de prisión, además del pago de una multa y la reparación integral del daño a favor de la víctima.

La Fiscalía sostuvo que el resultado fue posible a partir de la presentación y desahogo de las pruebas durante el juicio, con las cuales el Ministerio Público logró acreditar ante la autoridad jurisdiccional la responsabilidad penal del acusado. Entre los elementos referidos por la dependencia se encuentran registros de comunicaciones y material obtenido del teléfono celular del ahora sentenciado, además de testimonios.

La condena representa un cambio sustancial respecto de la situación jurídica que enfrentaba Chavira George durante la campaña electoral de 2024, cuando únicamente existía una investigación en su contra y operaba el principio de presunción de inocencia. En ese momento, los órganos electorales determinaron que una investigación penal no era suficiente para privarlo de sus derechos político-electorales.

La sentencia penal, en cambio, establece que después del proceso judicial la autoridad jurisdiccional encontró acreditada su responsabilidad por el delito por el que fue juzgado y determinó las sanciones correspondientes.

El caso también evidencia el conflicto que puede surgir cuando una persona que enfrenta una investigación penal participa simultáneamente en un proceso electoral y obtiene el respaldo de los electores. En el caso de Coquimatlán, las controversias sobre la candidatura fueron resueltas inicialmente bajo el principio de presunción de inocencia, mientras que la investigación penal siguió su curso de manera independiente.

En su comunicación sobre la sentencia, la Fiscalía General del Estado destacó precisamente que la condición política de una persona no constituye un impedimento para que sea investigada y, en su caso, sancionada cuando se acredita judicialmente la comisión de un delito.

“Con esta sentencia, la Fiscalía General del Estado reafirma que ningún cargo, condición o trayectoria política está por encima de la ley”, sostuvo la dependencia al informar sobre el fallo.

La institución también señaló que los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes deben ser investigados y sancionados con firmeza, al tiempo que destacó la reparación integral del daño como parte de la resolución judicial.

El proceso contra Chavira George comenzó en un contexto político particularmente relevante para Coquimatlán. El entonces candidato había obtenido la mayoría de los votos y se encontraba formalmente reconocido como presidente municipal electo. No obstante, la denuncia presentada por la representante legal del adolescente derivó en una investigación que terminó con una orden judicial y su posterior detención.

La resolución electoral previa a su detención también forma parte de los antecedentes documentados del caso. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había señalado que la existencia de una investigación no bastaba para restringir sus derechos político-electorales, al no existir en ese expediente una sentencia penal que estableciera su responsabilidad.

Con la sentencia penal emitida ahora, esa situación jurídica quedó modificada: Chavira George ya no enfrenta únicamente una acusación o una investigación, sino una condena judicial que establece una pena de seis años de prisión, además de una multa y la reparación integral del daño.

El caso vuelve a colocar bajo escrutinio la relación entre responsabilidades públicas y procesos penales, particularmente cuando las acusaciones involucran a menores de edad. La Fiscalía de Colima sostuvo que la resolución demuestra que las investigaciones pueden continuar con independencia de la posición política de las personas involucradas.

Chavira George había llegado a la contienda electoral como candidato de PAN y PRI y obtuvo la victoria en las urnas, pero la denuncia penal presentada durante el mismo año electoral impidió que llegara a ejercer la presidencia municipal. Más de dos años después de los hechos investigados, el proceso concluyó con una sentencia condenatoria que contempla prisión, sanción económica y reparación integral para la víctima.

La resolución judicial marca así el cierre de una causa que comenzó durante el proceso electoral de 2024 y que pasó de una investigación penal contra un candidato a una condena contra quien, aunque fue electo democráticamente como presidente municipal de Coquimatlán, nunca pudo ejercer el cargo.