La Federación de Futbol de Corea del Sur (KFA) enfrenta una nueva controversia después de que saliera a la luz un antiguo informe gubernamental que documentó el uso de tarjetas de crédito corporativas de la organización para pagar servicios de entretenimiento sexual a árbitros extranjeros durante partidos internacionales disputados en el país entre 2011 y 2012.

La información fue revelada por la agencia de noticias Yonhap a partir de un informe de auditoría elaborado en 2016 por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur. De acuerdo con ese documento, la KFA utilizó recursos de la organización para cubrir gastos en salones de masajes y otros establecimientos para adultos en Seúl y en otras ciudades que fueron sede de encuentros internacionales.

El caso involucra siete partidos disputados entre marzo de 2011 y marzo de 2012, incluidos encuentros correspondientes a las eliminatorias para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y para la Copa del Mundo de Brasil 2014. Según Yonhap, alrededor de una docena de árbitros y coordinadores de partidos provenientes de Japón, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Bahréin y Uzbekistán recibieron este tipo de atenciones.

La selección de Corea del Sur permaneció invicta durante los siete encuentros relacionados con los gastos señalados en la auditoría, con un balance de cinco victorias y dos empates. El informe, sin embargo, no establece que los resultados deportivos hayan sido manipulados ni demuestra que los árbitros hubieran favorecido deliberadamente a la selección surcoreana a cambio de los servicios.

Uno de los aspectos centrales de la revelación es precisamente el origen del dinero utilizado para cubrir los gastos. Según el informe citado por Yonhap, la KFA empleó tarjetas de crédito corporativas para efectuar los pagos. El hallazgo formó parte de una revisión gubernamental más amplia sobre el manejo de los recursos de la federación y fue identificado años antes de que el asunto volviera a ocupar los titulares.

La cadena surcoreana JTBC fue la primera en informar esta semana sobre el contenido relacionado con los árbitros. De acuerdo con testimonios de antiguos funcionarios de la KFA recogidos por la televisora, algunos árbitros extranjeros habrían solicitado expresamente acudir a establecimientos para adultos y, según esas fuentes, acceder a este tipo de peticiones era considerado una práctica habitual dentro de ciertos sectores de la organización durante aquella época.

Uno de los antiguos responsables consultados por JTBC calificó la práctica como algo que ocurría regularmente en aquel periodo. No obstante, las declaraciones corresponden a exfuncionarios y no implican por sí mismas que todos los árbitros involucrados hubieran participado de manera voluntaria o que hubieran actuado de forma irregular en los partidos que dirigieron.

La KFA, por su parte, señaló que resulta complicado verificar actualmente el uso concreto que se dio a sus tarjetas corporativas hace más de una década. Un funcionario de la organización explicó que desde entonces se establecieron normas internas más estrictas para regular el uso de estos medios de pago.

El antecedente adquiere mayor relevancia porque el propio Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo ya había detectado en 2016 problemas relacionados con el uso indebido de recursos de la federación. En diciembre de ese año, el ministerio informó que 23 antiguos y actuales trabajadores de la KFA habían utilizado recursos de la organización para fines particulares y solicitó investigaciones policiales.

En aquella revisión, las autoridades determinaron que 18 empleados habían utilizado tarjetas corporativas en establecimientos como karaokes, salones de masajes, negocios de cuidado personal y clubes de golf para gastos privados. El ministerio calculó entonces un uso indebido de alrededor de 200 millones de wones y pidió a la federación adoptar medidas para recuperar los recursos y evitar nuevas irregularidades.

El caso tampoco es completamente aislado dentro del historial reciente del futbol surcoreano. En 2016, fiscales de Busan procesaron a exresponsables de los comités de árbitros de la liga profesional por recibir sobornos de un árbitro que buscaba obtener más designaciones y mejores evaluaciones. Ese mismo año, otros dos árbitros y un integrante de un club fueron procesados por pagos destinados a obtener decisiones favorables durante partidos de la K League.

La revelación del antiguo informe gubernamental llega, además, en uno de los momentos de mayor presión sobre la KFA en años recientes. El organismo atraviesa una crisis institucional relacionada con la conducción de la federación y con el proceso mediante el cual Hong Myung-bo fue designado como entrenador de la selección masculina en 2024.

El pasado jueves, la policía surcoreana registró las oficinas de la KFA en el marco de una investigación sobre el procedimiento que condujo al nombramiento de Hong. Los agentes se llevaron documentos que podrían ayudar a determinar si dirigentes de la federación interfirieron indebidamente u obstaculizaron el proceso de selección, según la información difundida por Yonhap.

La investigación se produce después de que Hong Myung-bo dejara el cargo de seleccionador tras la participación de Corea del Sur en el Mundial de 2026. El propio Chung Mong-gyu, quien había sido presidente de la KFA, renunció al puesto y fue cuestionado en una audiencia parlamentaria celebrada a finales de julio. La comparecencia también incluyó a Hong.

La presión política sobre la organización no es nueva. En mayo de 2026, el gobierno surcoreano anunció que buscaría modificar el funcionamiento de la KFA, entre otras medidas mediante cambios en la elección de su presidente y una mayor transparencia en el procedimiento para designar al entrenador de la selección nacional. El plan gubernamental también contempló mejorar la administración del arbitraje con el objetivo de reducir decisiones arbitrales deficientes.

Ante la nueva revelación, la KFA emitió este sábado una disculpa pública. La organización reconoció la preocupación generada por los distintos problemas que han salido a la luz y se comprometió a impulsar reformas destinadas a mejorar la transparencia y recuperar la confianza pública.

En su pronunciamiento, la federación hizo referencia a la reciente audiencia parlamentaria, al registro policial de sus instalaciones y a los reportes periodísticos sobre hechos ocurridos hace más de una década, algunos de los cuales, según la propia KFA, ni siquiera eran conocidos por integrantes actuales de la organización.

La aparición de los documentos de 2016 no significa que los hechos sean nuevos para las autoridades surcoreanas. El hallazgo ya había formado parte de una auditoría gubernamental realizada hace una década, aunque los detalles sobre el supuesto pago de entretenimiento sexual a árbitros extranjeros no habían adquirido entonces la misma exposición pública que tienen ahora.

Tampoco existe, con base en la información disponible, una conclusión oficial que establezca que los servicios pagados con fondos de la KFA hayan provocado decisiones arbitrales favorables a Corea del Sur. Lo que sí documentó la auditoría es que recursos de la federación fueron utilizados para pagar este tipo de servicios a integrantes de delegaciones arbitrales que acudieron al país para dirigir encuentros internacionales.

El episodio vuelve a colocar bajo escrutinio la forma en que la Federación de Futbol de Corea del Sur administró sus recursos y estableció sus mecanismos de control durante una etapa en la que también se detectaron otros gastos particulares cargados a tarjetas corporativas. La polémica se suma ahora a las investigaciones sobre el proceso de contratación del seleccionador nacional y a la presión gubernamental para reformar la estructura de la organización.

Con la KFA sometida simultáneamente a investigaciones policiales, cuestionamientos parlamentarios y demandas de mayor transparencia, la recuperación de este expediente de 2016 abre un nuevo frente para una institución que ya enfrenta una profunda crisis de credibilidad. La propia federación ha admitido la necesidad de reformas y ha ofrecido reforzar sus controles internos, mientras las autoridades deberán determinar si los documentos y registros disponibles permiten establecer responsabilidades individuales por los gastos realizados hace más de una década.