El Gobierno federal redujo durante 2026 los recursos disponibles para el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), organismo encargado de promover el fortalecimiento, la preservación y el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El ajuste aparece en el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondiente al primer trimestre de 2026. El documento oficial señala que el INALI, identificado con la unidad responsable MDB dentro del ramo de Cultura, tenía un presupuesto anual aprobado de 74.9 millones de pesos, pero al cierre de marzo registraba un presupuesto modificado de 65.3 millones de pesos. La diferencia representa una reducción de aproximadamente 9.6 millones de pesos y una variación negativa de 12.8 por ciento.

La cifra es relevante porque el INALI tiene entre sus objetivos institucionales precisamente promover el fortalecimiento, la preservación y el desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, además de fomentar el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de México y asesorar a los tres órdenes de gobierno en la elaboración de políticas públicas relacionadas con los derechos lingüísticos.

El propio instituto reconoce que su trabajo abarca actividades como el desarrollo de proyectos lingüísticos, literarios y educativos, la investigación sobre las lenguas indígenas nacionales y su diversidad, así como la formación, certificación y acreditación de intérpretes, traductores y otros profesionales vinculados con las lenguas originarias.

La reducción presupuestal adquiere una dimensión mayor cuando se observa la evolución histórica de los recursos destinados al organismo. La Cuenta Pública de 2018 muestra que aquel año el INALI tuvo un presupuesto aprobado nominal de 85.1 millones de pesos y terminó con un gasto pagado de 81.8 millones.

En términos comparables y ajustados por inflación, la referencia de 2018 utilizada para contrastar el poder adquisitivo del presupuesto permite dimensionar una disminución considerable de los recursos disponibles para el instituto en los años posteriores. Sin embargo, al no localizar en los documentos públicos consultados una serie oficial del propio INALI que presente directamente esa comparación en pesos reales hasta 2026, no resulta metodológicamente correcto atribuir a Hacienda, como dato textual, la cifra de 125.2 millones de pesos reales para 2018 ni afirmar como dato oficial una pérdida real de 60.1 millones. Esa comparación requiere explicitar la metodología de deflactación utilizada.

Lo que sí está documentado oficialmente es el recorte aplicado en 2026. Hacienda explica que las adecuaciones presupuestarias modifican el monto originalmente aprobado y que la variación porcentual se obtiene al comparar el presupuesto modificado con el aprobado. En el caso del INALI, el ajuste reportado para el primer trimestre pasó de 74.9 a 65.3 millones de pesos, equivalente a una reducción de 12.8 por ciento.

El ajuste ocurre además en un momento en que el propio Gobierno federal sostiene un discurso de reivindicación de los pueblos originarios y de recuperación de su papel en la historia y la identidad nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado esta narrativa entre los ejes de su discurso político. En una conferencia de prensa de mayo de 2026, la mandataria sostuvo que su gobierno reivindica a los pueblos originarios y que la grandeza de México tiene su origen en los valores de esas comunidades. En esa misma intervención cuestionó la reivindicación histórica de Hernán Cortés y presentó un video oficial sobre la Conquista española y sus efectos sobre las poblaciones indígenas.

En junio, durante otra conferencia, Sheinbaum volvió a defender una lectura de la historia nacional centrada en la grandeza cultural de los pueblos indígenas y afirmó que México debe reconocer su herencia mesoamericana. La presidenta también planteó la importancia de superar una visión histórica en la que las civilizaciones originarias fueran consideradas atrasadas o bárbaras y reivindicó la resistencia cultural de los pueblos indígenas a lo largo de los siglos.

En ese contexto se ubica la polémica alrededor del llamado Paso de Cortés, ruta localizada entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl que históricamente ha recibido esa denominación debido a la asociación del sitio con el avance de Hernán Cortés hacia la cuenca de México durante la Conquista.

La propuesta de modificar esa denominación ha sido presentada en el debate público como parte de la reivindicación de los pueblos indígenas frente a una nomenclatura asociada con el conquistador español. No obstante, hasta el momento de esta revisión no se localizó en las fuentes oficiales consultadas un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que formalice el cambio de nombre del sitio. Por ello, resulta necesario distinguir entre una propuesta o anuncio político y una modificación jurídica oficialmente consumada.

La discusión sobre el nombre del Paso de Cortés, además, abre un debate distinto al estrictamente presupuestal. Cambiar la denominación de un espacio geográfico puede tener una carga simbólica importante dentro de una política de memoria histórica, pero no sustituye las políticas públicas destinadas a garantizar que las lenguas indígenas sobrevivan, se desarrollen y puedan utilizarse efectivamente en los servicios públicos.

El contraste es particularmente significativo porque el propio INALI reconoce que en México las lenguas indígenas nacionales tienen el mismo valor que el español y que, pese al marco jurídico existente, persisten dificultades para que las personas indígenas puedan realizar trámites, recibir atención médica, acceder a la justicia o consultar información pública en su propia lengua. El instituto señaló en 2026 que esas barreras producen exclusión, desigualdad y discriminación.

La dimensión institucional del problema tampoco es menor. La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que el INALI es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la Secretaría de Cultura, cuyo objeto consiste en promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales, además de impulsar el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural del país y asesorar a los tres órdenes de gobierno en la materia.

La legislación también contempla que los distintos órdenes de gobierno establezcan partidas presupuestales específicas para proteger, promover, preservar, usar y desarrollar las lenguas indígenas, de acuerdo con sus respectivas competencias.

El INALI continúa desarrollando acciones orientadas a la institucionalización de las lenguas indígenas. Entre ellas se encuentra la emisión de normas de escritura y su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el propósito de fomentar el uso oral y escrito de las lenguas en ámbitos públicos y privados.

En 2026, el propio instituto enmarcó sus actividades en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032 y señaló que muchas lenguas enfrentan una situación crítica, al tiempo que insistió en la necesidad de que las instituciones públicas desarrollen capacidades para atender a la población en sus lenguas originarias.

Por ello, el debate no se reduce a si un sitio debe conservar o modificar el nombre de Hernán Cortés. La discusión de fondo es qué recursos públicos se destinan a que las lenguas de los pueblos originarios tengan presencia efectiva en las escuelas, hospitales, tribunales, oficinas gubernamentales, medios de comunicación y plataformas digitales.

Mientras el Gobierno de Sheinbaum profundiza una narrativa de reivindicación histórica de los pueblos indígenas y cuestiona símbolos vinculados con la Conquista, Hacienda reporta que el presupuesto modificado del organismo federal especializado en preservar y fortalecer sus lenguas cayó de 74.9 a 65.3 millones de pesos en 2026.

La diferencia entre ambas políticas plantea una pregunta que trasciende el cambio de un nombre geográfico: ¿la reivindicación de los pueblos indígenas quedará principalmente en el terreno de los símbolos y la memoria histórica o se traducirá también en mayores recursos para garantizar sus derechos lingüísticos y culturales?