El Gobierno de México prepara una nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos que busca reconocer a las comunidades originarias como sujetos colectivos de derecho público, permitirles administrar directamente recursos y fortalecer su autonomía, justicia y protección territorial.
Más de 25.8 millones de mexicanos podrían verse alcanzados por una de las reformas legales más importantes en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Se trata del proyecto de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, una legislación reglamentaria de la reforma al artículo 2º constitucional aprobada a finales de 2024.
La propuesta, impulsada por el Gobierno de México a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), busca modificar la relación entre el Estado y las comunidades originarias para dejar atrás un modelo basado principalmente en programas asistenciales.
El proyecto plantea reconocer a 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano como sujetos colectivos de derecho público, con capacidad jurídica y patrimonio propio.
¿Qué cambiaría con la nueva ley para pueblos indígenas?
El proyecto contempla 453 artículos distribuidos en ocho libros, en los que se establecen derechos relacionados con autonomía, territorio, presupuesto, justicia, patrimonio cultural y participación en las decisiones que afecten a las comunidades.
Uno de los cambios más relevantes sería la posibilidad de que las comunidades reciban y administren directamente recursos públicos federales, sin depender exclusivamente de intermediarios municipales.
Los recursos podrían ser gestionados mediante las propias asambleas comunitarias, de acuerdo con sus sistemas de organización y gobierno.
Comunidades podrían administrar directamente recursos
La propuesta busca modificar la manera en que los recursos públicos llegan a los pueblos indígenas y afromexicanos.
En lugar de depender únicamente de gobiernos municipales u otras instancias intermediarias, las comunidades tendrían mecanismos para ejercer directamente los recursos que les correspondan.
El objetivo es fortalecer su capacidad de decisión y permitir que las propias comunidades determinen cuáles son las necesidades prioritarias de sus territorios.
¿Qué es el “amparo indígena”?
Otro de los elementos novedosos del proyecto es la creación de una figura denominada “amparo indígena”.
Se trataría de un mecanismo judicial adaptado a las condiciones particulares de los pueblos originarios, bajo principios de pluralismo jurídico, flexibilidad procesal y pertinencia lingüística.
La propuesta reconoce que el acceso a la justicia puede enfrentar obstáculos adicionales cuando una persona o comunidad indígena no habla español o cuando sus sistemas normativos y formas de organización no son considerados adecuadamente por las autoridades.
El nuevo mecanismo buscaría ofrecer herramientas jurídicas para la defensa de sus derechos colectivos.
Más autonomía y reconocimiento de sus sistemas normativos
La iniciativa también plantea fortalecer el derecho de los pueblos a la libre determinación y al autogobierno.
Esto incluye el reconocimiento de sus sistemas normativos internos, sus formas tradicionales de organización política y sus mecanismos para elegir autoridades.
La intención es que estas estructuras comunitarias tengan un reconocimiento jurídico más sólido dentro del Estado mexicano, siempre bajo el marco constitucional y el respeto a los derechos humanos.
Consulta previa para proyectos que afecten sus territorios
Otro de los puntos centrales es la obligación del Estado de realizar consultas previas, informadas y culturalmente pertinentes cuando una decisión, proyecto de infraestructura o reforma pueda afectar directamente a una comunidad.
El proyecto busca reforzar además la necesidad de obtener el consentimiento correspondiente en los casos previstos por el marco jurídico.
Esto tendría especial relevancia para proyectos relacionados con infraestructura, explotación de recursos naturales, territorio y otras actividades que puedan modificar las condiciones de vida de las comunidades.
Protección de territorio, cultura y medicina tradicional
La propuesta también contempla derechos colectivos relacionados con las tierras, territorios, patrimonio cultural, recursos naturales y conocimientos tradicionales.
Entre los objetivos está fortalecer la protección de expresiones culturales y de prácticas como la medicina tradicional, además de reconocer el derecho de las comunidades a un medio ambiente sano.
De esta manera, la iniciativa no se limita a cuestiones administrativas o presupuestales, sino que busca establecer un marco integral para la protección de los derechos colectivos.
La ley todavía está en proceso de consulta
Aunque la propuesta representa un cambio relevante, todavía no se trata de una ley vigente.
El proyecto se encuentra en proceso de construcción mediante consultas con los propios pueblos y comunidades.
Después de concluir la etapa informativa, las autoridades comenzaron las Asambleas Regionales de Consulta, programadas entre el 7 de agosto y el 13 de septiembre de 2026 en distintas entidades del país.
En estos encuentros participan representantes de pueblos como el Nahua, Yaqui, Wixárika y Mayo, entre otros, quienes pueden presentar propuestas y observaciones para modificar el contenido del proyecto.
¿Cuándo podría llegar al Senado?
La iniciativa también forma parte de las prioridades que se perfilan para la próxima agenda legislativa.
El Senado de la República contempla discutir la legislación durante el periodo de sesiones correspondiente, con la expectativa de que la propuesta formal sea presentada en octubre de 2026.
Uno de los objetivos es que la nueva legislación pueda vincularse con las discusiones relacionadas con el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2027.
Por ahora, el contenido definitivo todavía puede cambiar como resultado de las consultas regionales.
