Nuevos audios difundidos por Latinus colocaron nuevamente bajo escrutinio a la red de negocios y relaciones de Amílcar Olán, empresario tabasqueño identificado desde hace años como cercano a Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, y a su hermano Gonzalo Alfonso López Beltrán, Bobby. Las grabaciones, correspondientes a conversaciones de 2023, describen presuntos acuerdos con integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para proteger actividades empresariales relacionadas con el suministro de balasto en Veracruz.

La revelación no significa, por sí misma, que exista una imputación judicial contra Andy López Beltrán ni que se haya acreditado legalmente que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador forme parte del CJNG. Lo que existe, de acuerdo con el reportaje de Latinus retomado por El Universal, son grabaciones atribuidas a Amílcar Olán y a su hermano Luis Alberto, así como referencias a personajes identificados por autoridades y reportes de inteligencia como operadores criminales en Veracruz.

El contenido de las conversaciones adquiere especial relevancia porque Amílcar Olán aparece desde hace varios años en investigaciones periodísticas sobre la llamada red de “El Clan”, denominación utilizada por Latinus para describir una estructura de relaciones entre empresarios, funcionarios y personas cercanas a los hijos del expresidente López Obrador. La nueva entrega añade un elemento particularmente grave a esa historia: la presunta utilización de vínculos con grupos criminales para garantizar que determinados negocios pudieran operar sin obstáculos.

Según la información difundida, en una de las grabaciones Amílcar Olán habla de su hermano Luis Alberto y asegura que éste tiene contacto con personas relacionadas con actividades criminales. “Mi hermano va a estar al mando de todo”, se escucha en el audio, en referencia a las relaciones que, de acuerdo con la investigación, permitirían mantener control sobre determinadas operaciones en Veracruz. El Universal reportó que en otra conversación Luis Alberto Olán afirma conocer a Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, identificado como un operador del CJNG en Veracruz.

El nombre de “El Tanque” es uno de los puntos centrales de la nueva revelación. De acuerdo con el reportaje retomado por El Universal, Cazarín Molina era considerado uno de los principales operadores del CJNG en Veracruz y un informe del Ejército revisado por Latinus lo señalaba como una persona que buscaba asumir el control de actividades delictivas en esa entidad. El mismo reporte refiere que Cazarín habría establecido vínculos con “La Barredora”, organización criminal asentada en Tabasco y relacionada con Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández.

La importancia de las grabaciones está también en el negocio alrededor del cual, según la investigación periodística, se habrían producido esos contactos. Se trata del balasto, piedra triturada utilizada para las vías ferroviarias y que fue uno de los negocios atribuidos a la red empresarial cercana a los hijos de López Obrador en investigaciones anteriores sobre el Tren Maya y otras obras de infraestructura.

De acuerdo con la información publicada, la relación con operadores criminales habría permitido que empresas proveedoras de balasto trabajaran en Veracruz sin enfrentar determinadas presiones de grupos dedicados a la extorsión. El reporte sostiene que una de las personas involucradas en el negocio dejó de ser extorsionada después de que Luis Alberto Olán presumiera sus vínculos con “El Tanque”.

Es precisamente esa dimensión la que modifica el alcance de las acusaciones que durante años han rodeado a “El Clan”. Hasta ahora, las investigaciones periodísticas habían colocado el foco principalmente en contratos públicos, tráfico de influencias y presuntas gestiones para beneficiar a empresas cercanas a los hijos del expresidente. Las nuevas grabaciones introducen una conexión con estructuras criminales que, de confirmarse mediante investigaciones ministeriales independientes, elevaría considerablemente la gravedad de los señalamientos.

La relación entre Amílcar Olán y los hijos de López Obrador tampoco es una acusación surgida por primera vez con estos audios. Desde 2023 y 2024, diversas investigaciones periodísticas documentaron la cercanía entre el empresario tabasqueño y Andy y Bobby López Beltrán. Diversos medios han señalado que Olán es un amigo de los hijos del expresidente y que empresas relacionadas con él obtuvieron contratos públicos, entre ellos negocios de medicamentos y operaciones vinculadas con obras de infraestructura.

En el caso de Romedic, empresa creada en Tabasco en 2020 por Jorge Amílcar Olán Aparicio y su padre, Jorge Luis Olán Rodríguez, investigaciones periodísticas documentaron contratos para la adquisición de medicamentos y material de curación. El Universal reportó que en 2022 la compañía recibió un contrato por 304 millones de pesos por este tipo de productos del gobierno de Quintana Roo.

La trayectoria empresarial de Olán también ha sido vinculada periodísticamente con el suministro de balasto para obras ferroviarias. En años anteriores fueron difundidas grabaciones en las que el empresario hablaba de instrucciones atribuidas a Gonzalo “Bobby” López Beltrán relacionadas con la producción y distribución de piedra para el Tren Maya. Incluso documentos legislativos posteriores han retomado esos señalamientos periodísticos al referirse a los negocios de Olán y su relación con las obras ferroviarias.

Sin embargo, una distinción resulta fundamental para dimensionar el nuevo episodio: hasta ahora, las grabaciones difundidas por Latinus constituyen material periodístico y no una resolución judicial que determine responsabilidades penales de Andy López Beltrán, Gonzalo López Beltrán o Amílcar Olán por delincuencia organizada o por pertenecer al CJNG.

La propia Fiscalía General de la República emitió el 17 de agosto un pronunciamiento en el que negó que exista una investigación contra Andy López Beltrán por delitos relacionados con hidrocarburos y rechazó que cuente con testigos protegidos que lo hayan señalado en una indagatoria de ese tipo. La FGR agregó que el Ministerio Público Federal no dispone de datos de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una investigación en su contra por esos hechos.

Ese pronunciamiento ocurrió en medio de la polémica por la revocación de la visa estadounidense de Andy López Beltrán y de versiones que lo relacionaban con una presunta trama de huachicol fiscal. Aunque la postura de la Fiscalía se refiere específicamente a esa supuesta investigación por delitos en materia de hidrocarburos, establece un límite importante frente a cualquier intento de presentar como judicialmente acreditadas las acusaciones que circulan en investigaciones periodísticas.

También queda pendiente esclarecer qué conocimiento tenían de esas relaciones las personas que integraban el círculo empresarial descrito por Latinus como “El Clan” y, sobre todo, si existió algún beneficio económico derivado de los presuntos acuerdos con grupos criminales.

El caso de “El Tanque” agrega un elemento especialmente delicado. Si bien las investigaciones periodísticas lo ubican como operador del CJNG en Veracruz, la atribución de responsabilidades penales requiere pruebas obtenidas y valoradas por las autoridades competentes. Lo mismo ocurre con la referencia a “La Barredora” y con cualquier eventual conexión entre organizaciones criminales de Veracruz y Tabasco.

La historia vuelve así al punto que ha acompañado durante años a la red de relaciones de los hijos de López Obrador: la frontera entre amistad, negocios, influencia política y responsabilidades legales. Las investigaciones periodísticas han documentado conversaciones, contratos y relaciones empresariales; ahora aparecen audios que describen presuntos contactos con una estructura criminal. Pero entre una revelación periodística y una responsabilidad penal existe un proceso que corresponde investigar y acreditar a las instituciones de procuración de justicia.

Por ahora, lo verificable es que Latinus difundió nuevas grabaciones en las que Amílcar Olán y su hermano Luis Alberto hablan de relaciones con personas vinculadas, según reportes citados en la investigación, con el CJNG; que esas conversaciones fueron fechadas en 2023; que en ellas aparece el nombre de Iván Cazarín Molina, “El Tanque”; y que el reportaje establece una conexión de éste con “La Barredora”.

También es verificable que Amílcar Olán ha sido identificado durante años en investigaciones periodísticas como un empresario cercano a Andy y Bobby López Beltrán y que su nombre aparece relacionado con negocios y contratos públicos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

La gravedad de las revelaciones, por tanto, no está en convertir una acusación periodística en una sentencia, sino en la necesidad de que las autoridades determinen si detrás de esas conversaciones existió una operación real, quiénes participaron, qué negocios estuvieron involucrados y si hubo recursos públicos o privados que terminaron beneficiando directa o indirectamente a personas vinculadas con organizaciones criminales.

La pregunta que queda abierta no es solamente quién conocía a quién, sino hasta dónde llegaron realmente esas relaciones y si alguna autoridad está dispuesta a seguir el rastro de los audios, los negocios y el dinero hasta determinar dónde termina la amistad y dónde comienza, en su caso, una posible responsabilidad penal.