La violencia homicida en México sí muestra una reducción, pero las cifras oficiales esconden una diferencia que obliga a mirar con cautela el descenso: durante 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró alrededor de 3 mil 600 defunciones por homicidio que no aparecen como víctimas en las carpetas de investigación reportadas por las fiscalías.

El dato fue identificado por el Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la Universidad Iberoamericana, en un análisis elaborado por Carolina Jasso González y Karime Aguilera Paredes. El estudio reconoce que la reducción nacional de homicidios parece real, pero advierte que las diferencias entre los registros oficiales dificultan establecer con precisión qué tan grande es la disminución.

De acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas del INEGI, en 2025 se contabilizaron preliminarmente 27 mil 989 presuntos homicidios, equivalentes a una tasa de 21.4 por cada 100 mil habitantes. En 2024, la tasa había sido de 25.8.

Sin embargo, cuando se compara esta información con los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), aparece una brecha significativa. En 2024, el INEGI contabilizó 8.5 por ciento más homicidios que las fiscalías; para 2025, la diferencia aumentó a 15 por ciento, equivalente a unas 3 mil 600 defunciones que no aparecen como víctimas en las carpetas de investigación.

La diferencia es especialmente relevante porque ambas instituciones construyen sus estadísticas de manera distinta. El INEGI registra defunciones a partir de certificados y registros administrativos provenientes, entre otras fuentes, del Registro Civil, servicios médicos forenses y agencias del Ministerio Público. El SESNSP, en cambio, concentra las víctimas reportadas dentro de las carpetas de investigación de las fiscalías estatales.

El problema se vuelve todavía más evidente en entidades que reportaron fuertes reducciones de homicidios.

En Quintana Roo, Zacatecas y San Luis Potosí, el PSC detectó algunas de las mayores divergencias entre ambas fuentes. En Quintana Roo, la relación entre los homicidios registrados por el INEGI y los reportados por el SESNSP pasó de 0.96 a 1.75; en Zacatecas, de 1.12 a 1.77, y en San Luis Potosí, de 1.11 a 1.72.

Es decir, mientras las cifras de las fiscalías muestran descensos importantes, los registros de defunciones presentan una cantidad considerablemente mayor de homicidios.

El estudio no acusa a las autoridades de manipular deliberadamente las cifras ni establece una causa única para explicar las diferencias. Lo que advierte es que la brecha debe investigarse para saber por qué miles de muertes certificadas como homicidio no aparecen de la misma manera en los registros de víctimas de las fiscalías.

La reducción nacional también presenta contrastes importantes. Zacatecas registró una disminución de 76 por ciento en su nivel promedio mensual desde diciembre de 2023; Quintana Roo, de 65 por ciento, y San Luis Potosí, de 72 por ciento. En contraste, Sinaloa registró un aumento de 216 por ciento, Tabasco de 194 por ciento y Baja California Sur de 129 por ciento.

Para el PSC, estos datos muestran que la violencia no se ha comportado de la misma manera en todo el territorio y que la caída nacional responde probablemente a diferentes procesos locales.

Durante el primer semestre de 2026, las fiscalías reportaron 9 mil 305 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, 40 por ciento menos que en el mismo periodo de 2024. El descenso aparece tanto entre hombres como entre mujeres y en los feminicidios.

Aun así, la IBERO considera indispensable mejorar la calidad de la información antes de sacar conclusiones definitivas sobre el tamaño y las causas de la reducción.

El Programa de Seguridad Ciudadana plantea que los registros deben ser más transparentes, comparables y accesibles, además de someterse a auditorías independientes que permitan explicar las diferencias entre las estadísticas de mortalidad y las carpetas de investigación.

El hallazgo de los 3 mil 600 homicidios que no aparecen como víctimas en los registros de las fiscalías coloca una pregunta central sobre la mesa: si los registros oficiales no contabilizan de la misma manera todas las muertes violentas, ¿qué tan grande es realmente la reducción de la violencia homicida en México?

La respuesta dependerá de que las autoridades hagan públicos los datos, expliquen las discrepancias y permitan verificar de manera independiente las cifras con las que se está evaluando la seguridad del país.