La relación entre el poder público y el uso de los recursos municipales quedó nuevamente bajo escrutinio en San Pedro Tlaquepaque, luego de que fuera exhibido un presunto caso que ha generado críticas dentro y fuera del Ayuntamiento: la supuesta asignación de un elemento de la Policía Municipal para cuidar a “Junior”, la mascota de la alcaldesa morenista Laura Imelda Pérez Segura.
El señalamiento fue realizado por David Hernández, dirigente de Movimiento Ciudadano (MC) en Tlaquepaque, quien sostuvo que el perro, descrito como similar a un Goldendoodle, tendría asignado como escolta a un policía municipal.
El asunto tomó mayor relevancia después de que trascendiera que, de acuerdo con la información publicada por MURAL, un elemento de Seguridad Pública de Tlaquepaque habría sido destinado al cuidado del animal y que dos policías presuntamente habrían dejado la corporación después de negarse a realizar esa tarea. Estos señalamientos, sin embargo, requieren ser esclarecidos por las autoridades correspondientes y no deben presentarse como hechos definitivamente comprobados mientras no exista una investigación oficial que los confirme.
La controversia no gira únicamente alrededor de una mascota. En el fondo, la discusión plantea una pregunta de mayor alcance: si un servidor público fue efectivamente destinado a una actividad de carácter personal, quién ordenó esa asignación, bajo qué fundamento y si el tiempo y los recursos de la corporación municipal fueron utilizados para una función ajena a las responsabilidades de seguridad.
La polémica resulta especialmente sensible porque los elementos de seguridad pública tienen entre sus principales responsabilidades la protección de los habitantes, la prevención de delitos y la atención de situaciones que pueden poner en riesgo a la población. Por ello, cualquier eventual utilización de policías para tareas particulares tendría que ser explicada con claridad y sustentada en las disposiciones administrativas correspondientes.
En redes sociales comenzaron a circular cuestionamientos para que se investigue el supuesto uso de personal de la Policía Municipal para atender las necesidades de “Junior”. Central Municipal reportó este viernes que usuarios solicitaron esclarecer si efectivamente un integrante de la corporación fue destinado a cuidar a la mascota de la presidenta municipal.
El señalamiento también llegó al terreno institucional. MURAL informó posteriormente que regidores del Ayuntamiento de Tlaquepaque confirmaron que el perro de la alcaldesa tendría asignado a un policía, por lo que solicitaron que se abra una investigación para determinar qué ocurrió y, en su caso, establecer responsabilidades.
La dimensión política del episodio es inevitable. David Hernández representa a Movimiento Ciudadano en un municipio donde Morena encabeza actualmente el gobierno municipal, por lo que la denuncia se inserta en un contexto de confrontación entre fuerzas políticas que disputan el control y el rumbo de Tlaquepaque.
Pero más allá de las diferencias partidistas, el punto central de la controversia es el uso de los recursos públicos. Un policía municipal recibe una remuneración con recursos del Ayuntamiento y forma parte de una estructura destinada a garantizar la seguridad de la ciudadanía. Si ese personal hubiera sido efectivamente utilizado para una encomienda particular, correspondería a las autoridades determinar quién dio la instrucción y si existió alguna justificación administrativa para hacerlo.
El caso de “Junior” se convierte así en un episodio que rebasa la anécdota de una mascota con presunta protección policial. La verdadera discusión está relacionada con los límites entre las funciones públicas y las necesidades particulares de quienes ocupan cargos de gobierno.
La discusión, por tanto, no debería limitarse a la figura de un perro ni convertirse únicamente en una disputa entre partidos. El verdadero tema es determinar si los recursos humanos de la Policía Municipal de Tlaquepaque fueron utilizados para una función pública o para una encomienda particular. Esa es la pregunta que una investigación formal tendría que responder.
