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EU retira visa a alcaldesa de Cancún; FGR la investiga por huachicol fiscal y presunto nexo con el Cártel de Sinaloa

La cancelación alcanza a tres integrantes del entorno familiar Peralta-Lastra: la alcaldesa, su esposo y su suegro. Las autoridades estadounidenses no han hecho públicas las razones específicas ni se ha establecido relación directa con las investigaciones mexicanas
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La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Ana Patricia Peralta de la Peña, alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo, por presunto desvío de recursos públicos, operaciones vinculadas con contrabando de hidrocarburos (huachicol fiscal) y contactos con personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

En paralelo, autoridades de Estados Unidos retiraron las visas a Peralta, a su esposo Lucio Galileo Lastra Abreu y a su suegro Lucio Galileo Lastra Escudero, según fuentes con conocimiento del caso. Las razones de esa decisión no se han hecho públicas y no existe confirmación de que esté vinculada con las investigaciones en México.

Líneas de investigación de la FGR

La Fiscalía busca establecer:

  • Origen y destino de los recursos bajo investigación
  • Quién ordenó su utilización
  • La forma en que fueron presuntamente canalizados
  • Qué funcionarios pudieron haber participado
  • Posibles movimientos de personas y recursos relacionados con el entorno investigado

El expediente de Rafael Marín Mollinedo

La vertiente de huachicol fiscal cobra relevancia por la aparición de Rafael Marín Mollinedo, quien encabezó la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM). Según expedientes revisados, la FGR solicitó a la ANAM información sobre operaciones de presunto contrabando de combustibles durante ese periodo.

Entre los asuntos judicializados figura la causa penal 325/2025, radicada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculada a investigaciones sobre huachicol fiscal. La existencia de esa causa no implica que Marín Mollinedo esté imputado en ella.

Uno de los casos investigados involucra a Ingemar, S.A. de C.V., en pesquisas sobre ingreso irregular de hidrocarburos mediante ferrotanques. De acuerdo con la información disponible, la red habría introducido 163 ferrotanques con más de 18 millones de litros de hidrocarburos antes de ser detectada.

Marín Mollinedo ha negado los señalamientos y sostiene que fue la propia ANAM, durante su gestión, la que detectó las irregularidades y las denunció. Corresponde a la FGR determinar responsabilidades individuales.

Presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa

Las pesquisas incluyen presuntos contactos con personas vinculadas al Cártel de Sinaloa. La FGR busca determinar la naturaleza de esas relaciones, identificar a las personas involucradas y establecer si existe conexión con las presuntas operaciones de huachicol fiscal y el eventual desvío de recursos públicos.

Se trata de líneas de investigación ministerial. Los señalamientos no constituyen hechos acreditados por sentencia ni implican responsabilidad penal de las personas mencionadas.

Retiro de visas por parte de Estados Unidos

La cancelación alcanza a tres integrantes del entorno familiar Peralta-Lastra: la alcaldesa, su esposo y su suegro. Las autoridades estadounidenses no han hecho públicas las razones específicas ni se ha establecido relación directa con las investigaciones mexicanas.

Contexto: sucesión 2027

El caso surge en un momento de disputa por la gubernatura de Quintana Roo, en juego en las elecciones intermedias de 2027, contienda en la que Peralta y Marín Mollinedo han tenido presencia política. La investigación sobre el eventual uso de recursos municipales con fines políticos se suma como factor en ese proceso.

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Según el diario estadounidense, que cita a cinco personas con conocimiento directo, dos agencias policiales de Estados Unidos revisan acusaciones sobre posibles lazos de Andrés Manuel López Beltrán con el crimen organizado y el contrabando de combustible. Hasta el momento no se han abierto investigaciones formales. El reportaje también menciona contactos a través de intermediarios con funcionarios estadounidenses.
En Tijuana, Baja California, autoridades federales aseguraron 195 paquetes con presunta cocaína y fentanilo que suman aproximadamente 249 kilos durante una inspección coordinada.

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