La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Ana Patricia Peralta de la Peña, alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo, por presunto desvío de recursos públicos, operaciones vinculadas con contrabando de hidrocarburos (huachicol fiscal) y contactos con personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
En paralelo, autoridades de Estados Unidos retiraron las visas a Peralta, a su esposo Lucio Galileo Lastra Abreu y a su suegro Lucio Galileo Lastra Escudero, según fuentes con conocimiento del caso. Las razones de esa decisión no se han hecho públicas y no existe confirmación de que esté vinculada con las investigaciones en México.
✅ #NACIONAL | EU RETIRA VISA A ALCALDESA DE CANCÚN, INVESTIGADA POR LA FGR
— Acapulco Verdad (@Acapulco_Verdad) September 1, 2026
🛂 El diario El Financiero reveló que Estados Unidos canceló la visa a Ana Patricia Peralta de la Peña, alcaldesa de Benito Juárez, así como a su esposo y a su suegro, sin hacer públicos los motivos. En… pic.twitter.com/7Ts3kbghCI
Líneas de investigación de la FGR
La Fiscalía busca establecer:
- Origen y destino de los recursos bajo investigación
- Quién ordenó su utilización
- La forma en que fueron presuntamente canalizados
- Qué funcionarios pudieron haber participado
- Posibles movimientos de personas y recursos relacionados con el entorno investigado
El expediente de Rafael Marín Mollinedo
La vertiente de huachicol fiscal cobra relevancia por la aparición de Rafael Marín Mollinedo, quien encabezó la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM). Según expedientes revisados, la FGR solicitó a la ANAM información sobre operaciones de presunto contrabando de combustibles durante ese periodo.
Entre los asuntos judicializados figura la causa penal 325/2025, radicada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculada a investigaciones sobre huachicol fiscal. La existencia de esa causa no implica que Marín Mollinedo esté imputado en ella.
Reportan revocación de Visa de la alcaldesa morenista de Cancún Ana Paty Peralta
— Carlos Torres (@CarlosTorresF_) September 1, 2026
De acuerdo a @ElFinanciero_Mx, a la alcaldesa de la 4T en el municipio de Benito Juárez (Cancún) @anapatyp el gobierno estadounidense le habría retirado la Visa, además de que el medio destacó que… pic.twitter.com/py3kRxA2ch
Uno de los casos investigados involucra a Ingemar, S.A. de C.V., en pesquisas sobre ingreso irregular de hidrocarburos mediante ferrotanques. De acuerdo con la información disponible, la red habría introducido 163 ferrotanques con más de 18 millones de litros de hidrocarburos antes de ser detectada.
Marín Mollinedo ha negado los señalamientos y sostiene que fue la propia ANAM, durante su gestión, la que detectó las irregularidades y las denunció. Corresponde a la FGR determinar responsabilidades individuales.
Presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa
Las pesquisas incluyen presuntos contactos con personas vinculadas al Cártel de Sinaloa. La FGR busca determinar la naturaleza de esas relaciones, identificar a las personas involucradas y establecer si existe conexión con las presuntas operaciones de huachicol fiscal y el eventual desvío de recursos públicos.
Se trata de líneas de investigación ministerial. Los señalamientos no constituyen hechos acreditados por sentencia ni implican responsabilidad penal de las personas mencionadas.
Retiro de visas por parte de Estados Unidos
La cancelación alcanza a tres integrantes del entorno familiar Peralta-Lastra: la alcaldesa, su esposo y su suegro. Las autoridades estadounidenses no han hecho públicas las razones específicas ni se ha establecido relación directa con las investigaciones mexicanas.
Estados Unidos cancela visa a la presidenta municipal de Benito Juárez Cancún , Ana Patricia Peralta. pic.twitter.com/uY6TdOHrAn
— Raúl Rodríguez C. (@RaulRodriguezC) September 1, 2026
Contexto: sucesión 2027
El caso surge en un momento de disputa por la gubernatura de Quintana Roo, en juego en las elecciones intermedias de 2027, contienda en la que Peralta y Marín Mollinedo han tenido presencia política. La investigación sobre el eventual uso de recursos municipales con fines políticos se suma como factor en ese proceso.