Los padres de los cinco bebés que fallecieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango confirmaron que presentarán una denuncia conjunta ante la Fiscalía General de la República (FGR). La decisión se tomó después de una reunión con representantes del IMSS en la que, según las familias, no recibieron respuestas satisfactorias sobre las circunstancias de las muertes.
Los decesos ocurrieron entre el 15 y el 19 de septiembre de 2026. Tres de los recién nacidos murieron el día 15, uno el 18 y el quinto el 19. El IMSS confirmó posteriormente que en cuatro de los cinco casos se detectó la presencia de la bacteria Klebsiella pneumoniae, asociada a un brote hospitalario. En el quinto caso, los estudios no identificaron dicha bacteria. El instituto ha señalado que la presencia del microorganismo no explica por sí sola los fallecimientos y que la investigación continúa con la participación de diversas autoridades sanitarias federales y estatales.
Diego Tovalín, padre de Darío, uno de los bebés fallecidos, calificó lo ocurrido como “una atrocidad”. Al salir de la reunión con personal del IMSS, tanto local como enviado desde la Ciudad de México, expresó que las familias se van con más preguntas que respuestas y con mayor enojo. Los padres han denunciado irregularidades durante los días en que ocurrieron las muertes, entre ellas la restricción de visitas, la limpieza intensiva del área que describieron como “la escena de un crimen” y la falta de entrega oportuna de expedientes clínicos y resultados de estudios.
El abogado de las familias, Fermín Alonso Flores Ayala, presidente del Colegio de Abogados de Durango, explicó que la denuncia se presentará ante la FGR porque los hechos ocurrieron en instalaciones federales. Señaló que será el Ministerio Público federal quien determine si existió negligencia médica u otro delito, y si es necesario realizar exhumaciones para practicar autopsias. Algunos padres se han opuesto por el momento a la exhumación de los cuerpos.
La Fiscalía General del Estado de Durango confirmó que el caso no es de su competencia y que corresponde a la FGR investigar. La fiscal estatal, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, indicó que varios de los bebés no fueron sometidos a necropsia y que la autoridad federal deberá determinar si hubo omisiones, negligencia u ocultamiento de información por parte del IMSS.
El Instituto Mexicano del Seguro Social, dirigido por Zoé Robledo, ha expresado su respeto al derecho de las familias a denunciar y ha afirmado que colaborará con la FGR en todo lo que se le solicite. Según el IMSS, en reuniones individuales con cuatro de las cinco familias se entregaron y revisaron los expedientes clínicos de los recién nacidos y se explicaron los resultados de la investigación disponibles hasta el momento. Respecto a la quinta familia, el instituto reiteró su disposición a reunirse cuando así lo decidan.
La investigación sanitaria involucra a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Dirección General de Epidemiología, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), autoridades estatales de salud y el laboratorio estatal de salud pública. El IMSS implementó medidas de contención como el aislamiento de casos, la restricción de nuevos ingresos a la UCIN, limpieza y desinfección intensivas, y toma de cultivos de seguimiento, cuyos resultados han sido negativos hasta ahora.
Las familias exigen transparencia total, que se esclarezcan las causas exactas de las muertes y que se determinen responsabilidades para que hechos similares no se repitan. La denuncia ante la FGR busca que se investigue de manera integral el manejo del brote, el tiempo que tardó el instituto en comunicar las causas y las condiciones en que se encontraban los menores en la unidad de cuidados intensivos.
El caso ha generado indignación en Durango y ha puesto el foco en las condiciones de las unidades de cuidados intensivos neonatales del IMSS. Mientras las autoridades sanitarias continúan con sus investigaciones epidemiológicas, las familias avanzan por la vía penal para exigir justicia y respuestas definitivas sobre la muerte de sus hijos.
