Las cámaras de seguridad del Centro Integral de Servicios (CIS) Angelópolis captaron la noche del 24 de septiembre de 2026 los últimos movimientos con vida de Rubén Alberto Curiel Tejeda, exfiscal Anticorrupción y entonces coordinador general jurídico de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. El funcionario aparece saliendo de sus oficinas, conversando brevemente con un policía auxiliar y revisando su teléfono celular antes de dirigirse al estacionamiento. A las 21:07 horas se le ve por última vez en las grabaciones.
A la mañana siguiente, el 25 de septiembre, su cuerpo fue localizado en el interior de su camioneta Renault Duster, estacionada en el cajón 99 del sótano 3 del mismo complejo. El vehículo se encontraba cerrado por dentro, por lo que fue necesario el auxilio de un cerrajero. La Fiscalía General del Estado de Puebla informó de inmediato que los indicios preliminares apuntaban a una muerte autoinfligida y que las investigaciones continuarían abiertas para esclarecer por completo los hechos.
De acuerdo con los avances presentados por la titular de la Fiscalía, Idamis Pastor Betancourt, los peritajes, la necropsia y el análisis de las cámaras confirman esa hipótesis. Curiel Tejeda presentó un traumatismo craneoencefálico causado por un proyectil de arma de fuego. En su teléfono se encontró un mensaje dirigido a su esposa, Adalit Aguilar, en el que decía: “Lo lamento, los amo, cuida a mis hijos”. Testimonios recabados señalan que esa misma noche sostuvo una discusión telefónica con ella.
La familia del funcionario confirmó días después que se trató de una decisión personal y pidió respeto ante las especulaciones que circularon en redes y medios. Curiel Tejeda, de 53 años, tenía una amplia trayectoria en el servicio público. Fue titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción hasta julio de 2026, cuando fue removido, y posteriormente se incorporó a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Contaba con doctorado en Derecho y varias maestrías en áreas jurídicas y de seguridad.
Aunque en las primeras horas surgieron versiones que pedían la intervención de la Fiscalía General de la República por posibles inconsistencias o conflictos previos, las autoridades estatales han mantenido que no existen elementos que apunten a la participación de terceros. La carpeta de investigación permanece abierta mientras se agotan las diligencias periciales y testimoniales.
El caso generó conmoción en el ámbito gubernamental de Puebla, dado que el CIS Angelópolis alberga varias dependencias estatales. Hasta el momento no se han reportado nuevos hallazgos que modifiquen la conclusión oficial.
