Miles de estudiantes de secundaria y simpatizantes volvieron este jueves a las calles de distintas ciudades de Francia para exigir mejoras en el sistema educativo público. En la capital, los manifestantes se concentraron cerca de la plaza de la Bastilla, en una jornada que se suma a varias semanas de bloqueos de liceos y movilizaciones nacionales.
El movimiento arrancó a mediados de septiembre en un instituto de Créteil, en la periferia de París, cuando alumnos protestaron por la falta de profesores y puestos sin cubrir. En poco tiempo se extendió a cientos de centros en todo el país. Los jóvenes denuncian escasez de docentes, aulas saturadas, edificios deteriorados e incapaces de hacer frente a las altas temperaturas, jornadas demasiado largas y un sistema de acceso a la universidad (Parcoursup) que consideran opaco y generador de ansiedad.
El martes pasado se registró la jornada de mayor alcance hasta ahora. Según el Ministerio del Interior, participaron unas 266.000 personas en todo el territorio; los organizadores elevaron la cifra a cerca de 450.000. En París las autoridades hablaron de 56.000 asistentes y los convocantes de alrededor de 100.000. A los estudiantes se sumaron profesores, padres de familia, universitarios y sindicatos. En varias ciudades hubo enfrentamientos con la policía. El balance acumulado habla de centenares de heridos entre alumnos, personal educativo y agentes, así como de miles de detenciones, la mayoría de menores.
Las organizaciones estudiantiles y sindicales insisten en que las demandas son legítimas y que el deterioro del servicio público educativo afecta especialmente a los centros de las periferias y a las familias con menos recursos. Algunos carteles y consignas han comparado el momento actual con movilizaciones históricas, aunque el núcleo del reclamo se centra en condiciones concretas de estudio y en la necesidad de más inversión.
El gobierno ha reconocido el malestar. El primer ministro Sébastien Lecornu admitió que “la ira de los jóvenes no viene de la nada” y anunció que las primeras decisiones se presentarán a finales de octubre. El Ejecutivo abrió cinco líneas de trabajo: mejorar el reemplazo de profesores ausentes, las condiciones materiales de los establecimientos, la organización del tiempo escolar, la transparencia de Parcoursup y un marco renovado de expresión para los liceístas. Se habilitó una plataforma de consulta que ya ha recibido decenas de miles de aportaciones y el ministro de Educación ha convocado a asociaciones estudiantiles a reuniones.
No todos los participantes están satisfechos con el calendario. Parte de los convocantes rechazan esperar hasta fin de mes y piden respuestas más inmediatas y concretas. Al mismo tiempo, el gobierno ha condenado los actos de violencia y los daños a instalaciones, y ha defendido la actuación de las fuerzas del orden, aunque suspendió el uso de ciertas herramientas de control tras denuncias de heridas graves.
Las protestas continúan este jueves con bloqueos parciales o totales en cerca de 400 establecimientos, según cifras oficiales de la mañana. Organizaciones de izquierda y sindicatos educativos han respaldado las movilizaciones, mientras se prepara una posible convergencia con otras demandas sociales el 17 de octubre, fecha en la que también se anticipan acciones por el costo de la vida.
El fenómeno ocurre en un contexto de tensiones presupuestarias y de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Encuestas recientes indican que una mayoría de la población considera justificadas las reivindicaciones de los estudiantes, aunque existe división sobre si las movilizaciones deben prolongarse. El desenlace dependerá de la capacidad del gobierno para traducir los anuncios en medidas visibles y de la decisión de los jóvenes de mantener o modular la presión en las calles y en los centros educativos.
