Francia vivió este sábado una jornada de fuertes tensiones sociales marcada por protestas contra el alto coste de la vida que derivaron en incidentes violentos en varias de las principales ciudades del país. Según el Ministerio del Interior, hasta media tarde se habían registrado 272 detenciones en todo el territorio nacional, la mayoría en París. A mediodía las autoridades ya contaban 166 arrestos y 140 acciones de protesta con unos 32.800 participantes fuera de la capital.
Las movilizaciones, convocadas bajo el lema de convergencia de “todas las colères” (todas las iras), reunieron a estudiantes de secundaria y universitarios —que llevan semanas protestando por la falta de profesores y el estado de las instalaciones escolares—, a miembros del movimiento de los “chalecos amarillos”, a agricultores, a activistas climáticos y a sectores de izquierda. El origen del descontento se remonta a las protestas estudiantiles iniciadas en septiembre en los suburbios del norte de París, que se ampliaron a reivindicaciones sobre desigualdad, gasto público y nivel de vida. El Gobierno de Sébastien Lecornu había anticipado más de 90 manifestaciones y unas 500 acciones de contestación (bloqueos de rotondas y cortes de carreteras), coincidiendo con el inicio de las vacaciones escolares de otoño.
En París, los altercados comenzaron temprano en la plaza de la República. Varios cientos de personas, identificadas por la Prefectura de Policía como integrantes de grupos de ultraizquierda, lanzaron proyectiles contra agentes y dañaron fachadas de edificios para arrancar piedras. La policía respondió con gases lacrimógenos y avanzó para dispersarlos. Pese a los incidentes, la marcha principal partió hacia las 14.15 horas locales desde la plaza de la República en dirección a la plaza de Clichy. La Prefectura informó de 133 detenciones solo en la capital hasta las 14.00 horas, la mayoría por portar equipos de protección prohibidos o por agresiones a la autoridad. Se realizaron más de mil controles preventivos desde primera hora. Un grupo de encapuchados también atacó las sedes de los medios CNews y Europe 1, rompiendo cristales y lanzando objetos.
En Lyon, uno de los focos más graves, un grupo de manifestantes saqueó e incendió una oficina de turismo en la céntrica plaza de Bellecour. Las imágenes transmitidas en directo por la televisión francesa mostraron el edificio en llamas mientras los bomberos tuvieron dificultades para acceder por la presencia de grupos violentos. En Marsella, varios comercios fueron vandalizados, una comisaría de la policía municipal sufrió daños con cristales rotos y lanzamiento de artefactos, y un grupo forzó las puertas del Ayuntamiento e irrumpió brevemente en el vestíbulo, donde volcaron un busto de Marianne y pintaron símbolos anarquistas, antes de ser desalojados. También se reportaron bloqueos de carreteras en Bretaña y enfrentamientos en Nantes, Rennes y otras localidades.
Las autoridades desplegaron más de 10.000 policías y gendarmes, 5.000 de ellos en la capital. Se prohibieron las concentraciones cerca del Elíseo, Matignon, la Asamblea Nacional, el Senado y los Campos Elíseos. El Ministerio del Interior atribuyó la violencia a “grupos de ultraizquierda” y advirtió de un “elevado riesgo” de que las marchas de la tarde degeneraran. Fuentes oficiales señalaron intentos de saqueo, ataques a las fuerzas de seguridad, incendios de mobiliario urbano y acciones contra instituciones y medios. El primer ministro Sébastien Lecornu mencionó que más de 900 agentes habían resultado heridos en las semanas previas de protestas estudiantiles.
El contexto político es delicado. Las protestas se producen en el tramo final del mandato de Emmanuel Macron y con la mirada puesta en las próximas elecciones presidenciales. El movimiento de los “chalecos amarillos”, que sacudió el país en 2018-2019 precisamente por el precio de los combustibles, ha vuelto a las calles. Sindicatos y partidos de izquierda apoyaron parcialmente las movilizaciones, aunque sin una dirección única. Organizadores y el sindicato CGT hablaron de cientos de miles de participantes en todo el país, mientras las autoridades se mostraron más cautas en las cifras.
La policía francesa ha estado bajo escrutinio por el uso de la fuerza en las protestas estudiantiles de las semanas anteriores, con más de 8.000 detenciones acumuladas (la gran mayoría menores) y denuncias de heridos graves, incluyendo mutilaciones. La Inspección General de la Policía abrió decenas de investigaciones. Para esta jornada se autorizó de nuevo el uso de granadas aturdidoras.
Al cierre de esta nota, los balances seguían actualizándose y las autoridades mantenían el dispositivo de seguridad en las principales ciudades. La jornada refleja un malestar social profundo que combina reivindicaciones económicas, educativas y de servicios públicos en un país que se prepara para un ciclo electoral intenso.
