La primera huelga general convocada en España en 14 años terminó el miércoles 11 de noviembre con un balance de al menos 75 detenidos y más de un millar de incidencias registradas en todo el país, según datos del Ministerio del Interior y de las policías autonómicas. La jornada, impulsada por CCOO, UGT, el Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones, reclamaba soluciones a la crisis de vivienda, mejoras salariales y un freno al aumento del coste de la vida.
Las cifras de seguimiento generaron de inmediato un marcado contraste. Los sindicatos mayoritarios hablaron de un “éxito” con porcentajes que en algunas comunidades, como Cataluña o Andalucía, superaban el 70 u 80 por ciento, especialmente en sectores industriales como la automoción, la logística y la petroquímica. La CEOE y Cepyme, por su parte, situaron la participación media por debajo del 5 por ciento y calificaron la convocatoria de “fracaso” y de “mínimos históricos”. Indicadores intermedios, como el descenso de la demanda eléctrica, apuntaron a un impacto moderado respecto a las huelgas de 2012.
Las calles, sin embargo, mostraron una movilización considerable. En Barcelona, la Guardia Urbana contabilizó unas 55.000 personas en la manifestación central; en Madrid las estimaciones oscilaron entre 120.000, según fuentes oficiales, y cifras mucho más altas según los organizadores.
Marchas similares se registraron en Valencia, Zaragoza y otras ciudades, en muchos casos bajo la lluvia. La mayor parte de las concentraciones se desarrolló de forma pacífica durante el día.
Los incidentes más graves se concentraron al final de las manifestaciones. En Barcelona, grupos de encapuchados provocaron destrozos en comercios, quema de contenedores y lanzamiento de material pirotécnico contra los Mossos d’Esquadra en zonas como el paseo de Gràcia y la plaza de Cataluña. En Madrid también hubo enfrentamientos y cargas policiales.
El balance oficial de Interior elevó a más de 1.000 las incidencias y situó en torno a 47 las detenciones practicadas por Policía Nacional y Guardia Civil, a las que se sumaron las de Mossos y Ertzaintza. Varios agentes resultaron heridos por lanzamiento de objetos; también se reportaron lesiones entre sindicalistas y manifestantes.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó al día siguiente la apertura de investigaciones específicas sobre la actuación policial y dispuso que, en adelante, no se utilice gas lacrimógeno en el control de manifestaciones. Formaciones de izquierda criticaron un uso “desproporcionado” de la fuerza y reclamaron su dimisión. Desde el ámbito empresarial y partidos de la oposición se insistió en que la huelga había tenido un seguimiento limitado y que los disturbios empañaban el derecho a la protesta.
La jornada dejó abierta la discusión sobre el alcance real de la movilización y sobre el equilibrio entre el derecho de huelga y el mantenimiento del orden público. Mientras los convocantes destacan la visibilidad del problema de la vivienda, la patronal y sectores críticos subrayan que el paro laboral no alcanzó la magnitud anunciada. El debate, en todo caso, continúa en un contexto de creciente preocupación ciudadana por el acceso a una vivienda asequible.
