Una investigación publicada el 10 de noviembre de 2026 por The New York Times revela que Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien se desempeñó como fiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua, colaboró durante más de seis meses con agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. El reportaje, firmado por los periodistas Steve Fisher y Jack Nicas bajo el título “El hombre que ayudó a la CIA a operar en secreto en México”, se basa en testimonios de funcionarios mexicanos y estadounidenses, así como en documentos a los que el diario tuvo acceso.
De acuerdo con la investigación, los contactos iniciaron en el otoño de 2025. Zuany presentó a un oficial de la CIA ante elementos de la policía estatal de Chihuahua y les indicó que se trataba de apoyar la creación de una unidad especial. Durante los meses siguientes, los agentes estadounidenses observaron entrenamientos, analizaron equipos y, en algunos casos, acompañaron a fuerzas locales en misiones. Testimonios recabados por el diario señalan que los agentes portaban equipo táctico y, en ocasiones, prendas con insignias estatales. Zuany aportó conocimientos durante operaciones terrestres.
El reportaje indica que esta colaboración se dio en un contexto particular. Meses antes, autoridades estadounidenses habían revocado la visa de Zuany por presuntos vínculos con organizaciones del narcotráfico, según una carta enviada por funcionarios mexicanos al FBI a la que el Times tuvo acceso. El FBI mantenía una investigación en su contra. A cambio de facilitar el acceso de los agentes de la CIA a las estructuras de seguridad estatales, se le restituyó la visa. La agencia lo consideraba un contacto confiable en el terreno, aunque no le entregaba pagos, a diferencia de lo que suele ocurrir con otros informantes.
Zuany envió mensajes de texto al New York Times en los que afirmó haber actuado de manera ética y profesional. En ellos también sostuvo que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, conocía la presencia de los agentes de la CIA en la entidad. Campos rechazó esa versión y señaló que el exfuncionario debería presentarse ante un juez si tiene información que aportar.
La presencia de agentes estadounidenses se hizo pública tras un operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara. En esa acción se desmanteló un laboratorio clandestino de producción de drogas sintéticas. Durante el operativo o en hechos relacionados se registró un accidente en el que murieron agentes, incluidos elementos de la CIA y de la Fiscalía de Chihuahua.
A raíz de las investigaciones, tanto la Fiscalía General del Estado de Chihuahua como la Fiscalía General de la República libraron órdenes de aprehensión contra Zuany. Se le imputan, entre otros, los delitos de ejercicio ilegal del servicio público, coalición y falsedad ante autoridades. El 17 de octubre de 2026 fue detenido César Jáuregui Moreno, quien se había desempeñado como fiscal general de Chihuahua. Jáuregui enfrenta cargos estatales y federales, entre ellos el de traición a la patria, y se encuentra en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Zuany renunció a su cargo, abandonó el país y se encuentra en Estados Unidos. Obtuvo una suspensión provisional de amparo que, por el momento, ha limitado la ejecución inmediata de las órdenes de captura estatales. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la existencia de los mandamientos judiciales en su contra.
El caso ha generado un debate sobre los límites de la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, en un contexto en el que el gobierno federal ha insistido en que cualquier participación de agentes extranjeros debe ajustarse a los marcos autorizados de intercambio de información.
