Almoloya de Juárez, Estado de México.— El juez de control Ricardo Alfonso Santos Dorantes reinició este sábado la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano en la que determinará si vincula o no a proceso a César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, por el delito de traición a la patria. La diligencia se desarrolla a puerta cerrada a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), aunque al final se dará acceso a los medios para conocer el veredicto.
Jáuregui Moreno enfrenta esta acusación federal derivada de un operativo realizado en abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua. En esa acción, elementos de la Agencia Estatal de Investigación desmantelaron un laboratorio clandestino de drogas sintéticas. Según las investigaciones, en el operativo participaron personas de origen estadounidense que posteriormente se identificaron como agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Cuatro personas murieron en un accidente automovilístico al regresar del lugar: dos funcionarios locales y dos extranjeros.
La FGR, encabezada por Ernestina Godoy, sostiene que Jáuregui habría permitido la intervención de agentes extranjeros en actividades de seguridad nacional sin la autorización correspondiente de las autoridades federales. De acuerdo con la fiscalía, esto vulnera la soberanía y la integridad del país, al tratarse de facultades reservadas a la Federación. La investigación federal se sustentó en más de 100 actos de investigación y señala que los agentes estadounidenses acudieron en varias ocasiones a instalaciones de la fiscalía estatal, que se ocultó información a las autoridades federales y que el operativo se realizó sin haber iniciado previamente una carpeta de investigación formal.
Por su parte, la defensa del exfuncionario sostiene una postura contraria. José Ramón Flores, uno de los abogados de Jáuregui, reiteró este sábado que “no hay suficientes pruebas para establecer una responsabilidad tan grave como es una traición a la patria” y que no existen elementos contundentes que demuestren responsabilidad de su cliente. La defensa ha argumentado que los testimonios de más de 50 agentes que participaron en el operativo confirman que la presencia de los extranjeros no fue activa en el terreno, que no portaban armas ni insignias identificables y que el objetivo central de la acción fue la desarticulación del laboratorio de drogas.
Jáuregui también enfrenta un proceso en el fuero local de Chihuahua por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos. En ese expediente, un juez estatal ya lo vinculó a proceso por el primero de esos delitos, aunque en un primer momento se le había permitido enfrentar la causa en libertad. La detención federal ocurrió minutos después de esa determinación, cuando agentes de la FGR ejecutaron la orden de aprehensión y lo trasladaron al penal de máxima seguridad del Altiplano.
El caso ha generado debate en el ámbito político, en particular por su vínculo con la administración de la gobernadora María Eugenia Campos, del Partido Acción Nacional. Algunos sectores han cuestionado la oportunidad y el alcance de las acusaciones, mientras que las autoridades federales han insistido en que se trata de una cuestión de seguridad nacional y respeto al pacto federal.
La audiencia de este sábado es clave, pues el juez deberá valorar los datos de prueba presentados por ambas partes y decidir si existen elementos suficientes para que el exfiscal continúe el proceso penal. Mientras tanto, Jáuregui permanece recluido en el Altiplano bajo la medida de prisión preventiva oficiosa.
