Chilpancingo, Guerrero. Habitantes de la comunidad de El Terrero, en el municipio de Juan R. Escudero, denunciaron la tarde del lunes 19 de octubre un nuevo ataque armado en el que participaron alrededor de 40 hombres que dispararon contra viviendas y lanzaron explosivos desde drones. El hecho ocurrió apenas dos semanas después de que varias familias desplazadas por la violencia regresaran a la zona.
De acuerdo con testimonios de los pobladores, al menos seis casas resultaron afectadas. Los residentes se resguardaron durante el ataque. El gobierno estatal informó que no se registraron víctimas mortales ni heridos. Elementos del Ejército Mexicano arribaron aproximadamente una hora después de iniciados los hechos. Lino Ponce, excomisario municipal, exigió que las fuerzas federales permanezcan en la localidad hasta que existan condiciones reales de seguridad para las familias.
Este incidente se suma a una serie de agresiones con drones documentadas en Guerrero y otras entidades, donde grupos criminales han empleado estas aeronaves comerciales adaptadas para disputas territoriales y, en algunos casos, contra autoridades. Organizaciones de la sociedad civil y reportes locales señalan que el uso de este tipo de artefactos ha crecido en zonas de conflicto como la Tierra Caliente y la Costa Grande.
Paralelamente, la organización Causa en Común documentó al menos 212 agentes de seguridad pública asesinados en México durante 2026 (con actualizaciones posteriores cercanas a 223), a un promedio de aproximadamente uno por día. La cifra incluye policías municipales (la mayoría de las víctimas), estatales, elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y de otras corporaciones. Desde el 1 de octubre de 2024, el recuento de la misma organización supera los 650 agentes asesinados. Jalisco, Michoacán y Sinaloa concentran el mayor número de casos en el año en curso. La ONG ha señalado condiciones laborales precarias, falta de profesionalización e impunidad en muchos de estos homicidios.
Autoridades federales han reconocido la amenaza que representa el uso de drones por grupos delictivos en varias regiones del país. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, indicó que se han adquirido equipos antidrones fijos y móviles, y que se realizan operaciones en coordinación con Estados Unidos. Según el funcionario, las agresiones con estos dispositivos han disminuido, aunque la preocupación persiste a escala nacional.
El incidente en El Terrero y las cifras de agentes asesinados han reactivado discusiones sobre la magnitud y la naturaleza de la violencia. Algunos sectores y analistas utilizan el término “narcoterrorismo” para describir la combinación de control territorial, ataques a población civil y uso de tecnologías como drones. Otros, incluidos funcionarios del gobierno federal, prefieren enmarcar el problema dentro de la lucha contra el crimen organizado y destacan la reducción de homicidios dolosos reportada por las autoridades, así como el respeto a la soberanía en la cooperación internacional.
Las familias de comunidades afectadas en Guerrero continúan exigiendo presencia permanente de fuerzas de seguridad y garantías para permanecer en sus hogares. Mientras tanto, las autoridades locales y federales mantienen operativos en la región y reiteran que no se registraron víctimas en el más reciente ataque a El Terrero. La situación ilustra la tensión entre el desplazamiento forzado, el retorno de pobladores y la persistencia de disputas entre grupos armados en varias zonas del estado.
