La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este martes, durante su conferencia de prensa matutina, que exista algún acuerdo político con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, conocido como Maru Campos, relacionado con la detención del exfiscal estatal César Jáuregui Moreno. La mandataria calificó las versiones que circulan sobre un supuesto intercambio —la aprehensión del exfuncionario a cambio de una embajada— como parte de lo que denominó “chismocracia” y subrayó que “nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia”.
Sheinbaum sostuvo que la justicia se encuentra por encima de cualquier consideración política. En relación con el caso de Jáuregui, explicó que la Fiscalía de Chihuahua participó junto con agentes estadounidenses en una visita a un presunto laboratorio de metanfetaminas ubicado en la Sierra Tarahumara, a pesar de que, según afirmó, esa instancia no contaba con las atribuciones para llevar a cabo su desmantelamiento.
El exfiscal fue detenido el pasado fin de semana. Primero enfrentó cargos a nivel estatal por ejercicio indebido del servicio público y coalición. Poco después, la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de aprehensión por el delito de traición a la patria, vinculado a la presunta participación irregular de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en el operativo realizado en abril de este año en el municipio de Morelos. En ese operativo perdieron la vida dos agentes estadounidenses y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, tras un accidente automovilístico.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades, Jáuregui habría permitido o coordinado la intervención de personal extranjero en territorio nacional sin la debida autorización de las instancias federales competentes. La presidenta indicó que, según las investigaciones de la Fiscalía, el responsable directo es el exfiscal y que, hasta el momento, no se cuenta con pruebas que involucren de manera directa a la gobernadora Campos.
La relación entre el gobierno federal y el de Chihuahua se había tensado en los meses previos por este mismo caso. Cuentas vinculadas a la administración federal habían cuestionado abiertamente a la gobernadora panista. No obstante, hace aproximadamente un mes ambas mandatarias sostuvieron una reunión privada en Ciudad Juárez, en la que abordaron temas de coordinación entre los dos niveles de gobierno. Tras la detención de Jáuregui, Sheinbaum reiteró el deslinde respecto de Campos y señaló que las investigaciones continúan tanto en el ámbito estatal como en el federal, donde se revisan otros posibles delitos atribuibles al exfiscal.
Desde el gobierno de Chihuahua se ha mantenido la postura de que el operativo se realizó al margen de las instrucciones superiores. La propia gobernadora había señalado anteriormente que Jáuregui actuó “por la libre”. La Fiscalía estatal, por su parte, ha insistido en que el combate al crimen no puede realizarse fuera del marco legal.
El caso ha generado diversas interpretaciones políticas. Mientras el gobierno federal presenta la detención como un ejercicio de aplicación de la ley sin distinciones, sectores de oposición y analistas han cuestionado el momento y el tratamiento del expediente, especialmente por la diferencia en el tratamiento dado al exfiscal y a la titular del Ejecutivo estatal. Las autoridades federales han reiterado que las carpetas de investigación siguen abiertas y que cualquier responsabilidad se determinará conforme a las pruebas que se recaben.
Hasta el momento, Jáuregui se encuentra bajo custodia federal y enfrenta el proceso por los cargos ya mencionados. Las declaraciones de la presidenta buscan cerrar el capítulo de las especulaciones sobre negociaciones políticas, aunque el desarrollo de las investigaciones determinará el alcance definitivo de las responsabilidades.
