Un usuario del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México relató haber enfrentado una exigencia de dinero a cambio de evitar una denuncia por supuestos tocamientos indebidos. Según su testimonio, difundido este martes en un reportaje de N+ Foro, una mujer le demandó dos mil pesos para no acusarlo de acoso sexual durante su recorrido en el transporte público.
El afectado aseguró que los hechos que se le imputaban no ocurrieron. Especialistas en ciencias penales consultados por el medio recomendaron, en estos escenarios, solicitar de inmediato la revisión de las cámaras de videovigilancia de la estación o del vagón y exigir que se precise con claridad la conducta que se le atribuye antes de cualquier traslado o procedimiento.
Casos similares han circulado en redes sociales en meses recientes. En agosto pasado, usuarios reportaron situaciones en las que se señalaba a hombres de acoso sin pruebas aparentes y se pedían sumas de dinero para detener el proceso, lo que generó preocupación entre pasajeros. El Metro de la Ciudad de México ha respondido en ocasiones anteriores que no registra detenciones o presentaciones ante el Ministerio Público que coincidan exactamente con algunos de esos relatos virales, aunque ha señalado que mantiene revisiones internas para verificar el apego a protocolos.
Al mismo tiempo, las autoridades y organizaciones reconocen que el acoso y el abuso sexual en el transporte público constituyen un problema real y recurrente. Estaciones de las líneas 1, 2 y 3 figuran entre las que concentran más denuncias por violencia sexual, de acuerdo con registros de la Fiscalía capitalina. Muchas mujeres reportan tocamientos, acercamientos no consentidos o hostigamiento en andenes y vagones, situaciones que a menudo quedan impunes por falta de testigos o de evidencia inmediata.
El contraste entre ambos fenómenos genera un debate complejo. Por un lado, las víctimas reales de acoso enfrentan barreras para denunciar y ser creídas. Por el otro, las acusaciones falsas, cuando ocurren, pueden derivar en detenciones injustas, afectaciones a la reputación y, en el peor de los casos, convertirse en herramienta de extorsión. Especialistas subrayan la necesidad de protocolos claros que prioricen la recolección de pruebas, como el material de las cámaras, y la precisión de los hechos imputados, sin desestimar de antemano las denuncias de las personas afectadas.
Usuarios del Metro han expresado en redes y en entrevistas de calle la importancia de mantener la calma, grabar si es posible y solicitar apoyo de personal identificado del STC o de seguridad. Mientras las autoridades investigan los reportes de posibles montajes, el llamado general es a reforzar la vigilancia y a no perder de vista que tanto la seguridad de las mujeres como el derecho a un debido proceso deben coexistir en el espacio público más utilizado de la capital.
