La Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un posicionamiento firme y reiterado en los últimos días ante el anuncio de un paro nacional indefinido convocado por diversas organizaciones del autotransporte de carga. La dependencia, encabezada por la secretaria Rosa Icela Rodríguez, reconoció las preocupaciones del sector y llamó a privilegiar el diálogo institucional para evitar afectaciones a la ciudadanía, al tránsito vehicular y al traslado de mercancías.
El llamado se produjo después de que la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (HAMOTAC), la Federación Mexicana de Transportistas (Fematrac) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco), entre otras, anunciaran la suspensión de actividades a partir del lunes 26 de octubre de 2026. Los dirigentes del gremio señalaron como principales motivos la inseguridad en las carreteras federales y estatales, los robos a unidades, las extorsiones, los asesinatos de operadores y el deterioro de la infraestructura carretera. Según datos difundidos por las propias organizaciones, en lo que va de 2026 se registraron más de mil robos al autotransporte de carga y al menos 15 operadores asesinados. Además, reclamaron el alto costo de operación, la sobrerregulación y posibles cambios en estímulos fiscales vinculados al uso de autopistas.
En comunicados emitidos el 23 y el 24 de octubre, Segob subrayó que desde el primer momento ofreció formalmente un espacio de interlocución y una mesa permanente de trabajo con las autoridades competentes. “Reconocemos sus preocupaciones y reiteramos que existen canales institucionales para atender sus planteamientos y construir acuerdos mediante mesas de trabajo con las autoridades competentes”, señaló la dependencia. Agregó que mantiene una actitud abierta y sensible a las demandas del sector, con el compromiso de encontrar soluciones mediante el entendimiento y la colaboración.
La Secretaría hizo un llamado explícito a evitar acciones que generen afectaciones a la población. “Hacemos un llamado a privilegiar el diálogo y evitar afectaciones a la ciudadanía, al tránsito y al traslado de mercancías”, se lee en el posicionamiento oficial. Gobernación sostuvo que continuará abierta a la comunicación con el sector para atender sus demandas y favorecer acuerdos por la vía institucional.
Los transportistas habían advertido que las movilizaciones se concentrarían en carreteras, acotamientos y zonas aledañas a aeropuertos, puertos, terminales y centros de distribución. Algunos representantes aseguraron que no contemplaban bloquear casetas de peaje ni tomar carreteras de manera permanente, sino realizar acciones de visibilización. Sin embargo, estimaciones del propio sector indicaron que un paro de esta magnitud podría generar pérdidas diarias cercanas a los 21 mil 500 millones de pesos, al interrumpir el movimiento de mercancías esenciales para la cadena de suministro alimentaria, farmacéutica y de otros sectores productivos.
Diversas cámaras empresariales, como la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), también se pronunciaron a favor del diálogo y advirtieron sobre las consecuencias que una paralización prolongada tendría en la economía. Mientras tanto, reportes de los últimos días indicaron que la mayoría de las organizaciones transportistas aceptaron la propuesta de diálogo de Segob, aunque la dirigencia de Canacar mantenía una postura más firme en la exigencia de respuestas concretas y, en algunos casos, de una interlocución directa con la Presidencia de la República.
El contexto de inseguridad en las vías de comunicación no es nuevo. A lo largo de 2026, el gremio ha documentado de manera reiterada el aumento de asaltos a traileros, el cobro de “piso” en ciertas rutas y el deterioro de tramos carreteros que elevan los costos de mantenimiento y el riesgo de accidentes. Los operadores han señalado que estas condiciones no solo afectan la rentabilidad de las empresas, sino la integridad física de quienes conducen las unidades, muchas de ellas de origen familiar o de pequeña escala.
Segob ha insistido en que los canales institucionales permanecen abiertos y que las mesas de trabajo pueden incluir a las secretarías de Seguridad, Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, así como a otras dependencias involucradas en la regulación del autotransporte. La dependencia considera que el entendimiento y la colaboración son las vías más efectivas para encontrar soluciones de fondo, en lugar de medidas que puedan generar costos sociales y económicos adicionales.
Al cierre de esta nota, el paro se mantenía como una posibilidad real para el 26 de octubre, aunque la respuesta oficial de Gobernación y la aceptación del diálogo por parte de varias organizaciones abrían la puerta a una eventual desescalada. La Secretaría reiteró que su prioridad es garantizar tanto la atención a las legítimas demandas del sector como la continuidad del abasto y la movilidad de la población. El desenlace dependerá de la capacidad de las partes para transformar los espacios de interlocución en acuerdos concretos y verificables en materia de seguridad carretera, infraestructura y condiciones de operación.
