El paro nacional de transportistas de carga que afectó carreteras de al menos 19 estados llegó a su fin esta semana, luego de que organizaciones del sector y la Secretaría de Gobernación (Segob) alcanzaran un acuerdo para retirar los bloqueos y abrir mesas de trabajo. Sin embargo, dirigentes del gremio advirtieron que el principal reclamo —la inseguridad en las vías— sigue sin resolverse de manera concreta.
Según reportes oficiales y de las propias asociaciones, las movilizaciones iniciaron el lunes 26 de octubre e involucraron cientos de unidades en puntos estratégicos. Participaron la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac) y otras agrupaciones. Los transportistas demandaban mayor seguridad ante asaltos, secuestros y agresiones a operadores, además de atención a temas de infraestructura, condiciones fiscales y laborales.
Tras reuniones con la Segob, las organizaciones se comprometieron a levantar los bloqueos de manera definitiva y suspender las manifestaciones. A cambio, las autoridades federales acordaron instalar mesas de diálogo con las dependencias competentes para revisar las peticiones. La Subsecretaría de Gobernación y la Unidad de Gobierno coordinarán el seguimiento de estos espacios.
Carlos García, vicepresidente de Hamotac, explicó en entrevista que se realizaron varias mesas de trabajo. “Parece delito ser transportista”, comentó al referirse a la situación que enfrentan diariamente los operadores en las carreteras. Señaló que, aunque por ahora no habrá nuevas movilizaciones, el sector permanecerá atento al cumplimiento de los compromisos. “Suspendimos los bloqueos, pero exigimos soluciones reales ante los asaltos, secuestros y agresiones”, indicó.
Desde el gobierno, el acuerdo se presentó como una vía institucional para canalizar las demandas sin afectar de manera prolongada el tránsito de mercancías y personas. Fuentes de la Segob subrayaron que el diálogo permite construir soluciones coordinadas y evitar mayores afectaciones a la ciudadanía y a la actividad económica. Algunos reportes estimaron que las jornadas de protesta generaron un impacto económico significativo por la interrupción del flujo de carga.
No todas las voces del sector coincidieron plenamente en el alcance de lo logrado. Mientras Canacar y otras organizaciones destacaron el avance de sentarse a negociar de manera conjunta, representantes de Hamotac insistieron en que los acuerdos son parciales y que la seguridad en focos rojos de inseguridad —incluyendo el pago de cuotas en ciertas regiones— requiere acciones inmediatas y verificables. Algunos transportistas independientes expresaron escepticismo por experiencias previas en las que las mesas no se tradujeron en cambios tangibles en las carreteras.
El paro se sumó a una serie de reclamos recurrentes del autotransporte de carga en México, donde la inseguridad ha sido un tema constante en los últimos años. Operadores y empresas han documentado asaltos a cualquier hora, deterioros en la infraestructura y presiones adicionales por costos de operación. El gobierno federal, por su parte, ha señalado que se trabaja en estrategias de vigilancia y coordinación con autoridades estatales, aunque los transportistas demandan resultados más visibles.
Por ahora, las vialidades se restablecieron y las mesas de trabajo comenzaron a programarse. Los dirigentes del sector indicaron que estarán pendientes de los calendarios, responsables y avances concretos, especialmente en materia de seguridad. El desenlace de estos espacios determinará si se mantiene la tregua o si el gremio vuelve a movilizarse en los próximos meses.
La suspensión de los bloqueos alivia de momento la circulación nacional, pero deja abierta la discusión de fondo sobre las condiciones en las que operan miles de transportistas que mueven buena parte de las mercancías del país.
