Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó este martes el paro nacional de transportistas de carga que inició el lunes 26 de octubre, al señalar que se trata de un sector minoritario de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y que la movilización responde principalmente a un ajuste en un estímulo fiscal. Al mismo tiempo, las organizaciones que encabezan las protestas rechazaron esa versión y insistieron en que sus demandas centrales son la inseguridad en las carreteras, el deterioro de la infraestructura y el alto costo de servicios como las grúas, además de reclamar una reunión directa con la mandataria.
Según datos de la Secretaría de Gobernación, las movilizaciones se registraron en 19 entidades federativas, con 38 puntos de protesta, alrededor de 691 vehículos y más de 850 personas. Canacar y agrupaciones aliadas, como la Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas (HAMOTAC) y la Federación Mexicoamericana de Transportistas (FEMATRAC), sostienen que el alcance es mayor y que el paro se mantiene por tiempo indefinido.
En su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el gobierno federal redujo, en el marco de la Ley de Ingresos para 2027, el límite de ingresos anuales para acceder al beneficio que permite acreditar contra el Impuesto Sobre la Renta hasta el 50 por ciento del gasto en peajes. El umbral pasó de 300 a 250 millones de pesos. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, de las aproximadamente 2 mil 580 empresas que utilizaban el esquema, solo 170 —las de mayor tamaño— dejarían de recibir el estímulo completo. La mandataria calificó el beneficio como una “doble deducción” que se originó sin límite en el gobierno de Vicente Fox y que fue acotado en la administración anterior. Argumentó que el ajuste no afecta a los pequeños transportistas ni a quienes operan bajo el esquema hombre-camión, y que el sector cuenta con otros apoyos, como la deducción del IEPS. Hacienda estima que el estímulo fiscal por peajes representa alrededor de 13 mil 900 millones de pesos en 2026 y que la modificación generaría cerca de 4 mil 500 millones de pesos adicionales.
Sheinbaum también indicó que representantes de este grupo ya habían sostenido reuniones con el gobierno federal y que se reunieron con el presidente del PRI antes de proceder a los cierres carreteros. Rechazó defender lo que consideró privilegios que benefician a un sector reducido.
Por su parte, los dirigentes de las organizaciones en paro afirman que la inseguridad —robos, asaltos, extorsiones y asesinatos de operadores—, el mal estado de las carreteras y los costos excesivos de grúas son problemas de fondo que no pueden reducirse a una cuestión fiscal. Cuestionan las cifras del gobierno sobre el número de empresas afectadas y exigen interlocución al más alto nivel, con fechas claras de cumplimiento. Canacar no asistió a la reunión convocada por la Secretaría de Gobernación el lunes, en la que participaron otras agrupaciones afiliadas a la Concamin, la Canapat, la ANTP y la Conatram. Esas organizaciones rechazaron los bloqueos y acordaron instalar mesas de trabajo esta semana para revisar temas de seguridad, infraestructura, estímulos fiscales y otros pendientes.
La Secretaría de Gobernación ha llamado a privilegiar el diálogo y a evitar afectaciones al libre tránsito y al abastecimiento. Mientras tanto, el paro continúa en varios puntos del país y ambas partes mantienen posturas distintas sobre el alcance del movimiento y la prioridad de las demandas.
