Un borrador de la Junta de Coordinación Política detalla el perfil obligatorio que buscará la Cámara de Diputados para la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral. Desde la antigüedad del título profesional hasta restricciones partidistas, estos son los criterios de selección.
Tras la renuncia de Guadalupe Taddei, el Congreso de la Unión ha puesto en marcha la maquinaria legislativa para reconfigurar el liderazgo del Instituto Nacional Electoral (INE). Un documento preliminar de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) confirma que el proceso estará blindado bajo una convocatoria exclusiva para mujeres, buscando garantizar la paridad de género en la cima del órgano electoral.
El borrador del acuerdo prevé la inmediata integración de un Comité Técnico de Evaluación, el cual se conformará por siete personas de reconocido prestigio: tres propuestas por la Jucopo, dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y dos por el Instituto Nacional de Transparencia (INAI). Este órgano será el encargado de calificar el cumplimiento de los siguientes requisitos constitucionales indispensables para las aspirantes:
- Idoneidad ciudadana: Contar con nacionalidad mexicana por nacimiento, pleno goce de derechos civiles y estar inscrita en el Registro Federal de Electores con credencial vigente.
- Madurez y trayectoria: Tener más de 30 años de edad y poseer un título profesional de nivel licenciatura con una antigüedad mínima de cinco años al día de la designación.
- Perfil ético: Gozar de buena reputación pública y no registrar condenas previas por delitos intencionales o dolosos.
- Arraigo nacional: Haber residido de forma efectiva en el país durante los últimos dos años, salvo ausencias breves por servicio oficial.
- Autonomía partidista: No haber figurado como candidata a cargos de elección popular ni haber desempeñado puestos de dirección nacional o estatal en algún partido político durante los cuatro años anteriores.
Este conjunto de directrices busca asegurar que la persona elegida para ejercer el cargo hasta abril de 2032 cuente con la solvencia técnica y la imparcialidad política necesarias para conducir los próximos ejercicios democráticos del país.
