Movimiento Ciudadano llevó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una nueva disputa por el rumbo que comienza a tomar la carrera electoral de 2027. El partido presentó una queja contra Morena y quienes resulten responsables por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, al considerar que las llamadas “Coordinaciones Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional” están siendo utilizadas, en los hechos, para seleccionar, presentar y posicionar a perfiles que eventualmente buscarán competir por cargos de elección popular.
La denuncia coloca en el centro de la controversia a Nora Ruvalcaba, Pablo Gutiérrez Lazarus, Rosi Bayardo, Geraldine Ponce, Santiago Nieto e Imelda Castro, quienes han sido designados coordinadores estatales de Morena en Aguascalientes, Campeche, Colima, Nayarit, Querétaro y Sinaloa, respectivamente. MC sostiene que, aunque el partido oficialista presenta estos nombramientos como responsabilidades internas, las actividades que los acompañan tendrían una naturaleza esencialmente electoral.
La inconformidad ocurre cuando Morena ya comenzó a definir públicamente algunos de sus principales perfiles para los comicios de 2027, particularmente en entidades donde estarán en juego gubernaturas. Los primeros nombramientos fueron difundidos como parte de un proceso interno partidista, pero han estado acompañados de presentaciones públicas, recorridos, asambleas y mensajes dirigidos a la ciudadanía, circunstancias que Movimiento Ciudadano considera suficientes para que la autoridad electoral examine si se están rebasando los límites establecidos por la legislación.
MC argumenta que la denominación partidista no modifica la naturaleza material de las actividades. De acuerdo con la queja, detrás de las coordinaciones existe una estrategia coordinada para identificar perfiles, darles exposición pública, difundir su trayectoria y acercarlos territorialmente con el electorado antes de que comiencen formalmente los tiempos de precampaña.
La denuncia sostiene que esta dinámica podría generar una ventaja frente a quienes todavía no realizan actividades de naturaleza electoral porque los calendarios legales no les permiten hacerlo. El señalamiento adquiere especial relevancia en un escenario donde los partidos políticos comienzan a perfilar con mucha anticipación sus estrategias para los comicios del próximo año.
Los casos que puso MC bajo la lupa
En Aguascalientes, el partido naranja señala el caso de Nora Ruvalcaba, quien fue presentada como coordinadora estatal. MC considera particularmente relevante que, durante su presentación, se hiciera referencia a que había concluido una “competencia interna” y que comenzaba un proyecto que “verá su luz en 2027”. La denuncia interpreta esas expresiones como indicios de que el nombramiento no se limitaría a una responsabilidad partidista, sino que estaría relacionado directamente con una eventual candidatura.
El caso de Pablo Gutiérrez Lazarus, en Campeche, también fue incorporado al expediente. La queja destaca declaraciones de la dirigencia morenista, incluida la referencia de Citlalli Hernández a que su designación forma parte de un “proceso organizativo” rumbo a la elección de 2027. Para Movimiento Ciudadano, este tipo de expresiones contribuyen a establecer una relación directa entre las coordinaciones y la preparación electoral de Morena en los estados.
En Colima, el partido naranja pone especial atención en Rosi Bayardo. Además de su designación como coordinadora y de las actividades de promoción territorial que se han difundido alrededor de su figura, MC incorpora a su denuncia una entrevista en la que Bayardo afirmó: “Ya soy candidata”. Para el partido denunciante, esa declaración constituye uno de los elementos más contundentes para sostener que las coordinaciones estarían funcionando materialmente como una etapa previa a la definición de candidaturas.
En Nayarit, la atención se concentra en Geraldine Ponce, cuyo caso ha adquirido una dimensión particular por la estrategia de promoción vinculada con las llamadas “Geraldinitas”. La política anunció que durante sus recorridos y asambleas entregaría muñecas de peluche inspiradas en su imagen a niñas y niños. Las publicaciones difundidas por Ponce muestran que los obsequios llevan elementos asociados con su identidad pública y con Morena.
Para Movimiento Ciudadano, esta acción debe ser analizada dentro del conjunto de actividades que acompañan el posicionamiento de Ponce en Nayarit y no como un hecho aislado. La denuncia considera que la exposición de su imagen mediante recorridos, asambleas y objetos personalizados podría contribuir a una promoción anticipada de su persona de cara a la elección de 2027.
La queja también alcanza a Santiago Nieto, en Querétaro, e Imelda Castro, en Sinaloa, ambos presentados el pasado 26 de agosto como coordinadores estatales. MC cuestiona que sus nombramientos hayan estado acompañados por la difusión de sus imágenes, trayectorias y mensajes políticos relacionados con el trabajo territorial que Morena pretende desarrollar rumbo a los comicios del próximo año.
El caso de Sinaloa tiene además una relevancia política particular por la crisis que atravesó Morena en esa entidad y por la definición de su nuevo proyecto para 2027. La designación de Imelda Castro se produjo después de la nueva licencia de Rubén Rocha Moya y en medio de la reorganización del partido para enfrentar la sucesión estatal.
MC cuestiona también el uso de recursos partidistas
Más allá de los actos públicos y de los mensajes de quienes fueron designados, Movimiento Ciudadano plantea otro elemento que considera central: el origen y destino de los recursos utilizados para desarrollar esta estrategia.
La queja sostiene que Morena podría estar empleando recursos partidistas ordinarios para financiar actividades que, aunque formalmente se presentan como parte de la organización interna del partido, tendrían como efecto material beneficiar el posicionamiento de personas que podrían convertirse en candidatas y candidatos en 2027.
Por ello, MC solicitó que se investigue el origen, destino y registro de los recursos utilizados en las actividades relacionadas con las coordinaciones estatales. El planteamiento busca que la autoridad electoral determine si existe una utilización indebida del financiamiento partidista para adelantar ventajas electorales.
El partido naranja también solicitó al INE medidas cautelares y tutela preventiva, con el propósito de impedir que continúen las actividades que considera promoción anticipada y evitar que los perfiles señalados sigan acumulando exposición frente a posibles contendientes de otras fuerzas políticas.
La solicitud no implica, por sí misma, que el INE haya determinado que Morena o los seis perfiles denunciados hayan cometido una infracción. La queja abre un procedimiento en el que corresponde a la autoridad electoral analizar los hechos, las pruebas y el marco jurídico aplicable antes de establecer si existe alguna responsabilidad.
La carrera por 2027 entra en una etapa anticipada
La disputa refleja la velocidad con la que los partidos comenzaron a preparar el escenario electoral de 2027. Morena ha optado por adelantar definiciones internas en algunas entidades mediante la figura de las coordinaciones, mientras sus opositores cuestionan que estas estructuras puedan convertirse en una vía para realizar actividades que se asemejan a una campaña antes de los plazos establecidos.
El propio debate dentro de Morena muestra que la sucesión estatal ya ocupa un lugar central en la agenda política. La dirigencia ha insistido en la necesidad de mantener disciplina interna y evitar que las aspiraciones personales se impongan sobre los intereses del movimiento, al mismo tiempo que avanza en la definición de perfiles para las elecciones del próximo año.
Para Movimiento Ciudadano, el problema no está solamente en los nombres de quienes fueron seleccionados, sino en el método. Su argumento ante el INE es que cambiar el nombre de una eventual candidatura por el de una coordinación partidista no debería permitir que una persona tenga exposición, estructura territorial y reconocimiento ciudadano con fines electorales cuando todavía no han iniciado formalmente los periodos correspondientes.
El fondo de la controversia, por tanto, queda ahora en manos de la autoridad electoral: determinar dónde termina la organización interna de un partido y dónde comienza una actividad que, por sus características, pueda considerarse promoción electoral anticipada.
Mientras el INE analiza la queja, la carrera por 2027 continúa tomando forma mucho antes de que las urnas vuelvan a abrirse. Y en esa disputa por el territorio, la visibilidad y el reconocimiento ciudadano, Movimiento Ciudadano busca que la autoridad electoral establezca desde ahora los límites para impedir que algunas fuerzas políticas lleguen a la contienda con una ventaja construida fuera de los tiempos legales.
