La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este lunes 2 de noviembre de 2026, a través de un mensaje de su titular, Ernestina Godoy Ramos, detalles sobre la situación jurídica de Inés Gómez Mont, identificada como Inés “N”, quien fue detenida el pasado 30 de octubre en Miami, Florida, por autoridades migratorias de Estados Unidos.
Godoy explicó que la detención actual de la exconductora de televisión obedece exclusivamente a su situación migratoria, cuya resolución corresponde a las autoridades estadounidenses. En caso de que se determine su deportación a México, la FGR ejecutará de inmediato las tres órdenes de aprehensión vigentes en su contra al momento de su llegada al territorio nacional.
Las órdenes de aprehensión fueron libradas por jueces federales. Una de ellas fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por la probable participación de Gómez Mont en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las otras dos fueron solicitadas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) por el delito de defraudación fiscal equiparada.
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Inés “N” habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita obtenidos mediante un esquema de desvío y triangulación de fondos públicos. Estos recursos provenían del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, responsable de los centros penitenciarios federales, a través de contratos celebrados por un monto aproximado de 2 mil 450 millones de pesos. El esquema habría operado mediante empresas fantasma que simulaban operaciones para desviar dinero del erario y ocultar su destino final.
Además, la Fiscalía sostiene que Gómez Mont habría declarado ingresos inferiores a los realmente obtenidos durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, con lo que omitió el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.
Godoy subrayó que desde que la investigada abandonó el país, la FGR ha mantenido acciones constantes para lograr su presentación ante la justicia mexicana. En septiembre de 2025 se solicitó a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición y se integró la petición formal correspondiente en coordinación con el Departamento de Justicia de ese país. En las últimas semanas se intercambió información y se entregaron las tres órdenes de aprehensión vigentes.
La fiscal general reiteró que Inés “N” goza de la presunción de inocencia y que serán los tribunales mexicanos, conforme a derecho y con respeto al debido proceso, quienes determinen su responsabilidad. “A esta Fiscalía le corresponde que comparezca ante los tribunales mexicanos. Donde haya impunidad, habrá investigación”, afirmó Godoy en su mensaje.
La detención del 30 de octubre se produjo derivado del intercambio de información entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a Gómez Mont esposada y custodiada por agentes estadounidenses. Hasta el momento, ella permanece bajo custodia de las autoridades migratorias de ese país, mientras se resuelve su estatus.
Este caso se remonta a investigaciones iniciadas años atrás sobre un presunto esquema de corrupción relacionado con contratos del sistema penitenciario federal. Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga —también detenido previamente en Estados Unidos por motivos migratorios—, figuran como investigados en este expediente. Las autoridades mexicanas han insistido en la necesidad de que ambos enfrenten la justicia en el país.
La FGR mantiene el seguimiento del proceso migratorio en Estados Unidos y se mantiene lista para ejecutar las órdenes de aprehensión en cuanto Gómez Mont pise suelo mexicano, en caso de que se concrete su deportación. El mensaje de la fiscal general se difundió a través de las cuentas oficiales de la dependencia y de su propia cuenta en redes sociales, en el que detalló las acciones realizadas y el estado actual del caso.
Mientras tanto, la opinión pública y los medios de comunicación siguen de cerca la evolución de este asunto, que involucra acusaciones de desvío de recursos públicos destinados a la seguridad del sistema penitenciario y de evasión fiscal, delitos que la propia fiscal calificó como graves.
