La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó este miércoles 4 de noviembre de 2026 que ordenó el bloqueo de operaciones financieras de 25 personas físicas y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales. La medida se formalizó mediante la incorporación de estos sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas, un mecanismo administrativo que restringe sus movimientos dentro del sistema financiero mexicano.
De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión se tomó tras el análisis de operaciones que presentaron “elementos de riesgo” y que ameritan la revisión de las autoridades competentes. La UIF presentó además una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue si existen responsabilidades penales. Hacienda enfatizó que el bloqueo es una medida preventiva y precautoria, y que no implica una determinación definitiva de responsabilidad.
El anuncio ocurre en un contexto de intensa escrutinio sobre las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, quien renunció a la presidencia del Consejo General del INE el 26 de octubre pasado. Investigaciones periodísticas y reportes de la Auditoría Superior de la Federación han documentado un patrón de adjudicaciones de contratos millonarios a un reducido grupo de empresas especializadas en material electoral, muchas de ellas vinculadas entre sí.
Aunque el comunicado de la UIF no identifica por nombre a las personas ni a las empresas incluidas en la lista, diversos reportes periodísticos coinciden en señalar que entre las compañías que han estado bajo la lupa de las autoridades se encuentran Cajas Graf y Litho Formas, dos de las empresas más mencionadas en relación con contratos otorgados por el INE y por organismos electorales estatales. Estas firmas han sido asociadas públicamente con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, señalado en múltiples investigaciones como uno de los principales proveedores de material electoral durante los últimos años y cercano a la administración de Taddei.
Las investigaciones previas han documentado que este grupo de empresas obtuvo contratos por montos elevados tanto a nivel federal como local. En el caso de la elección judicial de 2025, por ejemplo, reportes periodísticos calcularon que Cajas Graf y Litho Formas recibieron en conjunto más de 123 millones de pesos de diversos OPLES. Anteriormente, análisis de la Auditoría Superior de la Federación y de la propia UIF habían detectado operaciones que sumaban más de mil millones de pesos en contratos electorales a lo largo de varios años.
Una de las características que han destacado las autoridades y los reportes periodísticos es que varias de estas compañías operaban como intermediarias: obtenían los contratos y subcontrataban la producción real del material electoral, sin contar necesariamente con infraestructura industrial propia. Pablo Gómez, ex titular de la UIF y actual responsable de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, había señalado públicamente en octubre que algunas de estas empresas “no tienen planta industrial, no fabrican nada” y que su modelo de negocio consistía en ganar las asignaciones y luego encargar la producción a terceros.
El bloqueo de este miércoles se suma a acciones previas. Entre 2023 y 2024, la UIF ya había restringido operaciones de empresas y personas relacionadas con este mismo círculo de proveedores. En aquella ocasión se reportaron más de 400 cuentas afectadas, de las cuales alrededor de 70 permanecían bloqueadas hasta semanas recientes. La nueva medida de noviembre de 2026 amplía el universo de sujetos bajo restricción financiera.
La UIF subrayó que las personas y empresas incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas conservan sus derechos de defensa y pueden interponer los recursos legales correspondientes. El bloqueo no equivale a una condena, sino a una medida cautelar mientras avanzan las investigaciones de la Fiscalía General de la República.
El caso ha generado reacciones en el ámbito político y electoral. Diversos actores han exigido mayor transparencia en los procesos de contratación del INE y de los organismos locales, así como un esclarecimiento completo de las relaciones entre funcionarios y proveedores. Mientras tanto, el propio Instituto Nacional Electoral enfrenta la presión de revisar sus procedimientos internos y de colaborar con las autoridades ministeriales.
La acción de la UIF representa un paso significativo en el seguimiento financiero de las operaciones vinculadas a la proveeduría electoral. El desenlace de las investigaciones de la FGR determinará si existen elementos para emprender acciones penales o si se trata únicamente de irregularidades administrativas. Por ahora, las 15 empresas y 25 personas físicas afectadas ven restringidas sus operaciones bancarias mientras se desarrollan las pesquisas.
