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Diputados aprueban Ley General de Bienestar Animal con amplio consenso; estados decidirán sobre toros y gallos

La Cámara de Diputados aprobó por 470 votos la Ley General de Bienestar Animal, que reconoce a los animales como seres sintientes y establece sanciones contra el maltrato y abandono. La regulación de corridas de toros y peleas de gallos quedará en manos de los estados.
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La Cámara de Diputados aprobó este miércoles 18 de noviembre, con 470 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales. El dictamen, que ya había pasado por el Senado, fue turnado al Ejecutivo federal para su eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La legislación reconoce expresamente a los animales como seres sintientes y sujetos de cuidado por parte de las personas. Establece bases nacionales para su protección en coordinación con la salud pública, la sanidad animal y el derecho a un medio ambiente sano. Quienes tengan animales bajo su responsabilidad deberán garantizarles agua y alimentación suficientes, atención veterinaria, alojamiento acorde a su especie, espacio libre de hacinamiento y condiciones que preserven su bienestar físico y mental.

Entre las prohibiciones destacan las peleas de perros, el abandono, las mutilaciones con fines estéticos, el suministro de sustancias nocivas, la privación injustificada de alimento o agua, la venta de animales enfermos y su comercialización en mercados, tianguis, vía pública o vehículos. También se prohíbe entregar animales vivos como premios, propaganda o en manifestaciones (salvo usos oficiales de seguridad o rescate). La venta de animales de compañía quedará restringida a establecimientos registrados y autorizados que cumplan condiciones sanitarias y de bienestar.

Las sanciones incluyen multas que van de 50 a 2 mil Unidades de Medida y Actualización (entre aproximadamente 5 mil 865 y 234 mil 620 pesos), arrestos administrativos de hasta 36 horas, decomiso de animales y bienes relacionados, clausura temporal de establecimientos y la obligación de reparar el daño, que comprende atención veterinaria, rehabilitación y manutención del animal afectado. Se crea un Padrón de Infractores, cuya inscripción puede durar de uno a cinco años y limita el acceso a ciertos apoyos públicos, así como un Registro Nacional de Animales de Compañía, obligatorio y gratuito.

La norma incorpora instrumentos de política pública como la Estrategia Nacional de Bienestar Animal, programas estatales y Centros Integrales de Salud, Atención, Protección y Bienestar Animal. También reforman disposiciones de otras leyes en materia de sanidad animal, vida silvestre, equilibrio ecológico, protección civil y cine.

Un punto central de la discusión fue la regulación de espectáculos tradicionales. La ley no prohíbe a nivel federal las corridas de toros, peleas de gallos, jaripeos ni las suertes de la charrería. Deja esa facultad a las entidades federativas, que deberán legislar considerando el principio de progresividad y el bienestar de los animales. Durante la sesión, el diputado de Morena Pedro Haces Barba, vinculado al sector taurino, defendió estas prácticas como manifestaciones culturales con raíces históricas y sociales que requieren regulación, no desconocimiento automático. En contraste, organizaciones defensoras de los animales y algunos legisladores de Movimiento Ciudadano celebraron el avance general pero señalaron que la ausencia de una prohibición federal deja pendientes importantes en la protección efectiva de todas las especies.

Grupos como Igualdad Animal México destacaron que por primera vez una ley general incluye disposiciones para animales de granja, de trabajo e investigación, y obliga a priorizar métodos alternativos al uso de animales en ciertos contextos. La aprobación se realizó en poco más de una hora y media, en una sola votación en lo general y en lo particular, sin un debate prolongado.

La minuta ya cuenta con el respaldo de ambas cámaras del Congreso. Una vez publicada, su implementación requerirá la homologación en las 32 entidades federativas y la participación de los municipios. El nuevo marco busca reducir el maltrato y el abandono, al tiempo que genera un sistema de responsabilidades compartidas entre la Federación, los estados y los gobiernos locales.

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