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MC impulsa registro de motocicletas y capacitación obligatoria para licencias; empresas de reparto piden evitar barreras discriminatorias

La diputada de Movimiento Ciudadano Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Movilidad, avanza en una iniciativa para reformar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que contempla registro de motocicletas, capacitación para obtener licencias y responsabilidades para fabricantes y plataformas de reparto.
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La Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados, presidida por la legisladora de Movimiento Ciudadano Patricia Mercado Castro, trabaja en una iniciativa de reforma a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial orientada a regular el uso de motocicletas en México. La propuesta incluye la creación de un registro de estos vehículos, la obligatoriedad de capacitación para obtener la licencia correspondiente y el establecimiento de responsabilidades para las empresas que las fabrican, comercializan y las plataformas de reparto.

Mercado explicó que el objetivo principal es reducir el número de accidentes viales en los que intervienen motocicletas. Según datos citados por la diputada, alrededor de 16 mil personas fallecen cada año en hechos de tránsito en el país, y aproximadamente el 25 por ciento de esos decesos involucra a una motocicleta, lo que equivale a un promedio de más de 11 muertes diarias relacionadas con este tipo de vehículos.

La iniciativa busca que para obtener una licencia de conducir motocicleta de cualquier tipo sea requisito acreditar una capacitación en educación vial. Esta formación no sería condición para comprar el vehículo, sino para obtener el permiso de conducir. Se plantea además que las licencias no sean permanentes y tengan una vigencia de al menos cinco años, sujeta a evaluaciones periódicas.

Otro de los ejes de la propuesta es el registro nacional de motocicletas desde el momento de la compra, de manera que los vehículos salgan de los establecimientos comerciales con placas o, al menos, con un permiso de circulación. Se contempla también la obligación de utilizar cascos certificados conforme a estándares de seguridad, así como la regulación de límites de velocidad, distancias entre vehículos y prohibición de maniobras peligrosas.

Las empresas de plataformas de reparto y los fabricantes han sido incluidos en el debate. Mercado señaló que las compañías que venden motocicletas no pueden deslindarse de toda responsabilidad, como si se tratara de la venta de cualquier otro bien de consumo. En el caso de las plataformas digitales, se analiza la responsabilidad que podrían tener en accidentes cuando los esquemas de incentivos o tiempos de entrega presionan a los repartidores a circular a exceso de velocidad.

Representantes de empresas de reparto han expresado que cualquier reforma debe ser ajena a barreras discriminatorias que afecten el empleo de miles de personas que utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo. Organizaciones de motociclistas y especialistas en seguridad vial han participado en mesas de trabajo previas para aportar observaciones a la iniciativa.

La diputada indicó que existen alrededor de 17 iniciativas relacionadas con el uso de motocicletas presentadas en la Cámara, las cuales podrían integrarse en una sola propuesta. El objetivo es presentar el documento antes del 15 de diciembre de 2026, iniciar su dictaminación en enero de 2027 y avanzar hacia una regulación que pueda estar lista hacia abril de ese año.

Se ha planteado también la posibilidad de establecer dos esquemas de licencia o certificación: uno para quienes utilizan la motocicleta como medio de transporte particular y otro para quienes la emplean en actividades laborales, como el reparto. Además, se busca homologar los criterios de expedición de licencias en todo el país y reforzar la preparación de instructores y centros de certificación, con mecanismos accesibles.

La propuesta no busca estigmatizar a los usuarios de motocicletas, sino ordenar su circulación y elevar los estándares de seguridad. México cuenta con un parque estimado de alrededor de 10 millones de motocicletas, muchas de ellas utilizadas como medio de transporte cotidiano o fuente de ingreso. La falta de regulación homogénea y de requisitos claros de capacitación ha sido señalada como uno de los factores que contribuyen a la alta incidencia de accidentes.

La Comisión de Movilidad continuará con las mesas de trabajo para incorporar observaciones de los distintos actores involucrados antes de formalizar la presentación de la iniciativa. El proceso legislativo determinará el alcance final de las medidas y los plazos de implementación una vez que, en su caso, sea aprobada.

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