El pleno de la Cámara de Diputados, con la mayoría conformada por la coalición de Morena, PT y PVEM, dio un paso decisivo para la reforma al Poder Judicial al emitir la declaratoria de publicidad del dictamen correspondiente, desoyendo resoluciones judiciales que intentaban frenar el proceso.
Con esta acción, el Congreso mexicano se prepara para discutir la polémica iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la primera sesión ordinaria de la 66 Legislatura, los diputados de Morena aprovecharon su mayoría para avanzar con la reforma, desestimando los amparos otorgados por jueces de distrito que pretendían detener la discusión en el Palacio de San Lázaro.
“La ley, la Constitución, la doctrina y la jurisprudencia nos asisten, y por eso no admitimos la tiranía de la toga y el birrete, de jueces incompetentes que ahora los quieren colocar como héroes, y que no son más que vulgares violadores de la Constitución”, sentenció Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada morenista, desde la tribuna.
La aprobación de la declaratoria de publicidad se dio en medio de un ambiente político tenso, exacerbado por el discurso de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien acudió al Congreso para entregar el último informe de gobierno del presidente López Obrador. La funcionaria, en un acto que la oposición calificó de “partidista”, elogió la gestión del mandatario y celebró la inminente llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República.
“Es un honor estar con Obrador”, coreó Alcalde desde la tribuna, provocando la desaprobación inmediata de los legisladores opositores.
“¡Fuera, fuera, fuera!”, gritaron los diputados del PAN, mientras que la bancada oficialista respondía con consignas de “¡Morena, Morena!”, y “Es un honor estar con Obrador”.
Pese a las críticas, Morena avanza con la reforma judicial. Ricardo Monreal informó que la bancada morenista valora interponer un juicio político contra los jueces que emitieron los amparos, específicamente contra la jueza Martha Eugenia Magaña de Morelos y el juez Felipe V Consuelo de Chiapas. Aunque la medida aún no ha sido formalmente aprobada, Monreal indicó que se contemplan varias acciones, incluyendo denuncias penales y quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal.
“Se contemplan tres acciones contra los jueces por su grave intromisión a la vida interna del Poder Legislativo: juicio político para inhabilitarlos, denuncia penal y queja ante el Consejo de la Judicatura Federal”, detalló Monreal.
El contexto jurídico de la reforma se ha vuelto cada vez más complejo. En Morelos, la jueza Martha Eugenia Magaña otorgó una suspensión provisional para que la reforma no afecte a los jueces que promovieron el amparo, mientras que en Chiapas, el juez Felipe V Consuelo emitió una resolución similar, exacerbando el conflicto entre el Poder Judicial y el Legislativo. La suspensión se basa en la presunta violación del procedimiento legislativo, un argumento que fue duramente cuestionado por figuras como el abogado Diego Valadés Ríos, quien consideró que esta resolución “no tiene fundamento jurídico”.
La confrontación entre el Poder Judicial y el Congreso de la Unión es inédita y plantea serios desafíos para la reforma impulsada por el presidente López Obrador, la cual promete transformar de manera profunda el sistema judicial en México.
