De acuerdo con un reporte periodístico, legisladores guindas recibieron un guion con cinco puntos clave para responsabilizar a Lorenzo Córdova y a gestiones pasadas por presuntas irregularidades en contratos electorales, buscando cambiar la conversación pública en medio de las investigaciones de la ASF.
Captura del mensaje reenviado con los cinco ejes estratégicos distribuidos entre los diputados federales. (Foto: Cortesía / El Universal)
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados puso en marcha una estrategia digital coordinada para frenar los cuestionamientos en torno a los presuntos casos de corrupción al interior del Instituto Nacional Electoral (INE) y la gestión de su actual consejera presidenta, Guadalupe Taddei.
Según información publicada por el diario El Universal, los 254 legisladores federales del partido recibieron instrucciones directas desde la coordinación de comunicación para desplegar una campaña masiva en plataformas como X, Facebook e Instagram. El objetivo principal de esta movilización es desviar el foco de la polémica actual y atribuir el origen de las irregularidades a administraciones anteriores.
Para unificar el discurso, se distribuyó entre los congresistas un documento con cinco ejes narrativos específicos. En estos puntos se les indica señalar directamente al exconsejero presidente Lorenzo Córdova, vinculándolo con una supuesta “mafia electoral” y con la entrega de contratos millonarios a través de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) durante su mandato. Asimismo, la línea discursiva busca sostener que Guadalupe Taddei formaba parte de esa misma estructura previa.
El reporte detalla que la operación cuenta con metas estrictas de alcance. Tras una primera evaluación en la que solo poco más de la mitad de los diputados había cumplido con publicar los mensajes —acumulando poco más de tres millones de reproducciones—, se les exigió intensificar el ritmo hasta alcanzar tres publicaciones diarias para lograr una meta de nueve millones de visualizaciones esta misma semana.
Esta ofensiva mediática ocurre de forma paralela a las indagatorias que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el manejo de recursos y contratos dentro del órgano electoral.
