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Movimiento Ciudadano rechaza desacato a orden judicial sobre reforma judicial

Ortega subrayó que Movimiento Ciudadano no respaldará la decisión de desacatar el fallo judicial y enumeró los motivos de su rechazo.
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Ivonne Ortega, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, se pronunció en contra de la postura del presidente de la Cámara de Diputados, quien, al igual que Morena en el Senado, expresó su intención de continuar con el proceso de validación de la Reforma Judicial a pesar de la orden de suspensión emitida por una jueza.

En un mensaje difundido en redes sociales, Ortega subrayó que Movimiento Ciudadano no respaldará la decisión de desacatar el fallo judicial y enumeró los motivos de su rechazo.

En primer lugar, señaló que, de persistir en la desobediencia legal, tanto el presidente de la Cámara de Diputados como la bancada de Morena deben asumir la responsabilidad individual, sin comprometerse al Congreso en esta acción.

Según la legisladora, no corresponde a la Cámara de Diputados intervenir en el cumplimiento o desacato de la orden judicial dirigida a la Presidencia. Asimismo, Ortega cuestionó la disposición de la Presidencia para acatar el mandato judicial que ordena eliminar la “mal llamada reforma judicial” del Diario Oficial de la Federación.

En su opinión, si el Ejecutivo no está de acuerdo con la resolución, debería optar por la vía judicial y no recurrir a la violación de la ley para enfrentar el fallo. La diputada emecista también hizo un llamado a evitar “el clima de hostigamiento y desprestigio” hacia el Poder Judicial.

Con esta declaración, Movimiento Ciudadano se suma a la postura de quienes consideran que el desacato de la orden judicial podría agravar la confrontación entre los poderes Ejecutivo y Judicial en torno a la reforma.

La controversia gira en torno a la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de desacatar una orden judicial que exige eliminar la publicación de la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación. Este desacato ha generado tensiones entre poderes, ya que, para sus detractores, representa una injerencia del Ejecutivo que vulnera la autonomía judicial y pone en riesgo el respeto al marco legal.

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