En una audiencia virtual llevada a cabo el pasado viernes, un juez del fuero común del estado de Veracruz exoneró al exgobernador Javier Duarte de Ochoa del delito de desaparición forzada en perjuicio del policía estatal David Lara Cruz. Este delito había sido señalado como cometido en enero de 2016, cuando Duarte aún estaba al frente del gobierno veracruzano.
El juez de control, con sede en Pacho Viejo, desestimó los cargos contra Duarte argumentando que no se encontraron elementos suficientes para sostener su participación en los hechos, en los que también estuvo implicado el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita. La decisión, aunque relevante, no es definitiva, pero abre la posibilidad de que el exmandatario solicite la libertad condicional.
Actualmente, Duarte de Ochoa permanece en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde ha estado recluido desde 2017 tras ser extraditado de Guatemala. Su reclusión está relacionada con otras acusaciones penales, principalmente por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por las cuales ya cumple una condena.
El proceso penal por desaparición forzada inició en noviembre de 2022, cuando un juez dictó prisión preventiva oficiosa contra Duarte. Según las investigaciones, el oficial de policía fue privado de la libertad por sus propios compañeros y sus restos fueron encontrados en la Barranca La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata. Sin embargo, las autoridades de aquel entonces simularon el hallazgo de los restos en un lugar distinto, una práctica que generó críticas por encubrimiento y manipulación de evidencia.
Con esta resolución judicial, Duarte ha sido exonerado de uno de los delitos más graves que enfrentaba, aunque sigue cumpliendo condena por otros cargos. Esta decisión reaviva el debate sobre el sistema judicial mexicano y el impacto de la corrupción en procesos clave.
Las familias de las víctimas de desaparición forzada en Veracruz han expresado su descontento con el fallo, señalando que deja en la impunidad a altos funcionarios señalados de participar en estos actos. En tanto, defensores de Duarte aseguran que esta resolución demuestra que las acusaciones en su contra eran infundadas.
