La madrugada del pasado martes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un ajuste presupuestal que ha generado controversia entre diversos partidos políticos. En la sesión, se aprobó un recorte de 46% a los recursos destinados al apoyo de las oficinas de los representantes de partidos y los representantes del Poder Legislativo, lo que provocó una serie de reacciones de los partidos afectados.
Según el desglose del recorte, el INE había proyectado originalmente 117.7 millones de pesos para dos rubros relacionados con las oficinas de los partidos y los representantes legislativos: “Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales” y “Apoyos financieros a partidos políticos y consejeros del Poder Legislativo”. Mientras que el segundo rubro se mantuvo intacto con 1.4 millones de pesos, las actividades administrativas de estas oficinas fueron las más afectadas, con una reducción de 54.7 millones de pesos. Estos recursos son utilizados para el pago de salarios del personal y otros gastos ordinarios de funcionamiento.
El recorte fue calificado como “sumamente preocupante” por el panista Víctor Hugo Sondón, quien destacó que los partidos políticos son una parte fundamental de la institución electoral, y que el ajuste afectaría gravemente las actividades de los partidos.
Por su parte, el representante de Movimiento Ciudadano, Juan Miguel Castro, se quejó de la falta de comunicación previa sobre el ajuste y de la “carencia total y absoluta de la garantía de audiencia” para los partidos políticos y los consejeros del Poder Legislativo. Aseguró que, si se les hubiera permitido proponer alternativas, habrían presentado otras opciones para el ajuste.
El recorte aprobado por el INE generó un fuerte debate sobre el impacto que tendrá en las funciones de los partidos políticos y las representaciones legislativas. A pesar de las quejas y las peticiones de reconsideración, el ajuste presupuestal refleja una medida de austeridad impulsada por la autoridad electoral, lo que abre el debate sobre la eficiencia de estos recortes y su efecto en la estructura institucional del país.
