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Ley de GN es “el fin del estado civil mexicano”: Laura Ballesteros

También el Centro Prohd calificó la ley como una “Innegable militarización en un contexto de erosión de la democracoa constitucional"
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El día de ayer, Morena y sus partidos aliados aprobaron las reformas a la Ley de la Guardia Nacional donde, entre otras cosas, esta institución pasa a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, también tendrá la facultad de realizar operaciones encubiertas, intervenir comunicaciones, utilizar “usuarios simulados” y acceder a datos georreferenciados, así como darle el derecho a militares para ocupar cargos civiles como lo denunció la diputada Ivonne Ortega.

La reforma tuvo el rechazo de los partidos de oposición. La diputada Laura Ballesteros, en su intervención en tribuna, la calificó como una reforma que consolida la militarización de la seguridad pública del país

“y no solo eso, consolida la militarización de la vida pública de México […] Un cambio de esta magnitud no puede pasar desapercibida ni disfrazada de engaños. Militarizar la seguridad pública es una decisión de enorme trascendencia, pero militarizar la vida pública del país es ya otro horizonte que ni el PRI se hubiera atrevido en sus mejores momentos. Además, esta iniciativa otorga a la Guardia Nacional nuevas y peligrosas facultades como operaciones encubiertas, vigilancia masiva en Internet, usuarios simulados, labores de inteligencia previa.

Abren la puerta para que los militares de la Guardia Nacional no solo se postulen a cargos de elección popular, sino que puedan desempeñar también cargos en los tres niveles de gobierno. Este es el fin del Estado civil mexicano.

Y dejó en claro la postura de Movimiento Ciudadano (MC):

No es la primera vez que levantamos la voz en MC. En la discusión constitucional del 23, cuando el oficialismo constitucionalizó el mando militar de la Guardia Nacional, MC dio la batalla para defender los derechos de futuro de las niñeces y de las juventudes y nosotros no vamos a renunciar a eso. Sabemos que en México vive una crisis de seguridad dolosa, pero sabemos también que, aunque ustedes desde el gobierno no lo quieran aceptar, la militarización del país es una consecuencia de la guerra contra el narcotráfico.

Dejemos de engañar a la gente. Y si estamos en guerra, necesitamos construir paz. Y esta propuesta, esta reforma, no construye paz.

Erosión de la democracia constitucional”: Centro Prodh

Por su parte, y fuera de la cámara legislativa, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez también se manifestó contra la reforma, calificándola como una “Innegable #militarización en un contexto de erosión de la democracia constitucional”.

Y a su vez publicaron el libro Poder militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense, en la que expone que la expansión de la presencia pública militar durante el actual sexenio alcanzó una profundidad legal no vista antes. Refiere que los cambios jurídicos están siendo acompañados por una utilización extensiva de las Fuerzas Armadas para labores distintas a su función constitucional ordinaria: se ha vuelto común en el sexenio la participación del Ejército en la construcción de obra pública y en otras funciones.

Además el Centro Pro denuncia que las violaciones documentadas a derechos humanos “no se han erradicado plenamente”, enumerando casos como que no se ha llamado a cuentas a las Fuerzas Armadas por la “Guerra Sucia”; ha habido impunidad en la mayoría de los crímenes castrenses de la “Guerra contra las Drogas”; y los casos nuevos de violaciones a derechos humanos “no han desembocado en justicia y verdad”.

Y el Centro de derechos humanos enumera una serie de preocupaciones que les aquejan debido a la militarización:

Primero, la relacionada con que el despliegue del Ejército y de la Marina en tareas de seguridad no ha probado ser una política pública efectiva para la disminución de la violencia; segundo, la vinculada con que este despliegue suele ocasionar un aumento cuantitativo y cualitativo de violaciones a derechos humanos; y, tercero, la asociada con que el fortalecimiento del sector castrense puede trastocar la relación cívico-militar, lo que es riesgoso para una democracia incipiente y frágil como la mexicana. Estas tres preocupaciones subsisten en la actualidad y se proyectan hacia el futuro, pues la preeminencia castrense se ha plasmado en reformas legales que trascenderán a esta administración.

El documento pueden descargarlo aquí.

Sin embargo, y pese a las críticas, la mayoría legislativa de Morena impuso la nueva ley.

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