Un escándalo de corrupción y espionaje sacude a México y a su clase política, luego de que el medio israelí The Marker revelara que los empresarios israelíes Uri Emmanuel Ansbacher y Avishay Samuel Neriya entregaron 25 millones de dólares al entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto, presuntamente para financiar su campaña de 2012, a cambio de facilitar la venta de tecnología de vigilancia, incluyendo el polémico software Pegasus.
El dinero fue calificado en documentos judiciales como una “inversión conjunta en una figura de alto rango”, identificada en el acuerdo como “el N” y referida en otros fragmentos como “el N electo” o “el mandato de N”, en un contexto que deja pocas dudas sobre que se trataba del exmandatario mexicano. El pago se encuentra en el centro de un acuerdo conciliatorio firmado a finales de 2024 por ambos empresarios, quienes rompieron su sociedad y disputaban la repartición de clientes y contratos millonarios en México.
De acuerdo a lo informado, durante el sexenio de Peña Nieto, al menos tres agencias gubernamentales, Sedena, la extinta PGR y el Cisen, utilizaron Pegasus de manera masiva. Miles de personas fueron espiadas: periodistas, defensores de derechos humanos, abogados, activistas y opositores políticos, incluyendo figuras como Ricardo Raphael, Raymundo Ramos, los abogados del Centro Prodh y hasta Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Segob.
Incluso con el cambio de administración, el espionaje no se detuvo. La Sedena mantuvo contratos con empresas de Ansbacher durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, aunque estos nunca fueron transparentados, pese a órdenes del extinto INAI.
Reparto de agencias y contratos turbios
Según el acuerdo conciliatorio revelado por The Marker, Ansbacher y Neriya, socios en BSD Security Systems, vendieron tecnología de espionaje, drones, equipo militar y servicios penitenciarios a diversas instituciones mexicanas. Entre ellas destacan contratos millonarios con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Sedena.
Uno de los contratos más polémicos es el que el INM firmó en 2020 por 324 millones de pesos, de los cuales 230 millones terminaron en empresas fantasma, según la Auditoría Superior de la Federación. Parte del dinero fue triangulado a una ONG en Israel controlada por el hermano de Neriya, lo que sugiere un esquema de desvío de fondos y posible lavado de dinero.
Ambos empresarios llegaron a México a principios de la década del 2000 como emisarios de la organización religiosa Torá Mitzión, y según el propio reportaje, iniciaron en el negocio de la seguridad “por accidente”, vendiendo chalecos militares a México. Sin embargo, su influencia creció rápidamente gracias a sus conexiones.
Neriya fue nombrado cónsul honorario de México en Haifa en 2014, mientras que Ansbacher mantuvo una estrecha relación con Shalev Hulio, fundador de NSO Group, empresa creadora de Pegasus. Ansbacher fue representante de NSO en México durante los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador, y ha sido investigado por su posible rol en el espionaje contra Carmen Aristegui.
El conflicto entre ambos empresarios se hizo público cuando Ansbacher acusó a Neriya de cobrarle 5 millones de dólares por organizar tres reuniones con Peña Nieto, las cuales nunca se concretaron. Esta disputa escaló a un arbitraje privado, del cual surgieron los detalles del supuesto soborno y la red de contratos.
The Marker también reporta que Ansbacher estaría buscando retomar operaciones en México bajo el gobierno de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, aunque no se ha confirmado si ha conseguido nuevos contratos. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene investigaciones abiertas contra él por el espionaje con Pegasus.
