En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, una ofensiva integral basada en la recientemente aprobada Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que otorga nuevas facultades a las autoridades para desmantelar redes criminales.
“Con esta ley, ahora tenemos mayores capacidades para investigar, identificar y detener a quienes generan violencia a través del delito de extorsión”, señaló García Harfuch.
El funcionario detalló que, durante la presente administración, ocho entidades concentran el 66% de los casos de extorsión en el país:
- Estado de México
- Guanajuato
- Nuevo León
- Ciudad de México
- Veracruz
- Jalisco
- Guerrero
- Michoacán
En estas zonas se actuará de forma prioritaria, con un enfoque multidisciplinario y equipos especializados.
Ejes de acción de la estrategia:
- Generar detenciones mediante investigación e inteligencia.
- Trabajar en conjunto con las Unidades Antiextorsión de las fiscalías locales.
- Aplicar protocolos de atención a víctimas.
- Capacitar a operadores del número 089 en manejo de crisis y negociación.
- Lanzar una campaña nacional de prevención.
Además, se establece que el 089 será el número exclusivo para denuncias de extorsión, garantizando la protección de la identidad mediante el anonimato de los reportes.
Inteligencia financiera y operativos en penales
La estrategia contará con el respaldo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que trabajará en el congelamiento de cuentas bancarias utilizadas por los extorsionadores para recibir pagos ilícitos.
Asimismo, se solicitarán órdenes judiciales para bloquear líneas telefónicas asociadas a llamadas de extorsión y se incrementarán los operativos en centros penitenciarios, donde se ha identificado que muchos internos operan redes delictivas a través de celulares.
García Harfuch enfatizó que el fenómeno de la extorsión, además de causar un grave daño económico, genera miedo e inseguridad en las comunidades.
La implementación de esta nueva ofensiva marca un cambio significativo en la política de seguridad, al poner el foco no solo en el castigo, sino también en la prevención, la atención a víctimas y la inteligencia financiera.
