La diputada federal Laura Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para crear un “Protocolo de la Verdad y Justicia” orientado al resguardo de información pública relacionada con hechos de corrupción, especialmente durante la transmisión de datos entre el INAI y el futuro organismo que lo sustituya.
La propuesta, presentada hace apenas dos días, busca asegurar que los documentos digitales y físicos vinculados con investigaciones de corrupción se preserven de forma íntegra, segura y accesible. Ballesteros destaca que sin sistemas robustos y transparentes, existe el riesgo de manipulación, pérdida o destrucción intencional de información vital. Ballesteros escribió en sus redes sociales: “Por eso, desde @MovCiudadanoMX nos sumamos e impulsamos la Operación Transparencia, una iniciativa ciudadana para proteger esta memoria pública y exigir su preservación”.
Al exponer el tema en la Comisión Permanente en el Senado, la legisladora de la bancada naranja evidenció el riesgo de perder la información por orden directa o por la eliminación de las plataformas digitales:
“El Gobierno no puede vigilarse a sí mismo. Ninguno resiste la tentación. Necesitamos colegiar las atribuciones de los tres poderes de la Unión y necesitamos sobre todo darles a los ciudadanos la garantía que a través de un Comité Ciudadano se cuidará y se preservará el derecho a la verdad y a la memoria histórica de nuestro país que hoy está en riesgo con la desaparición del INAI”, explicó al proponer que un Comité Ciudadano sea aprobado cada año por la Cámara de Diputados.
¿En qué consistiría el protocolo?
En esencia, el protocolo incluiría:
- Normas claras para el almacenamiento y traspaso de expedientes vinculados con corrupción, evitando vacíos legales y estos queden fuera del alcance de censura.
- Medidas de seguridad documental y digital, garantizando que los datos no puedan alterarse sin dejar registro o rastros.
- La creación de una comisión ciudadana vigilante, encargada de supervisar que el proceso de transferencia de la información se realice con apego a la legalidad y transparencia.
Beneficios para la ciudadanía
- Transparencia: afirma que la información sobre irregularidades sea preservada con rigor, evitando que se oculte o manipule.
- Acceso real a la justicia: al contar con evidencia confiable, se evita la impunidad en casos de corrupción.
- Confianza institucional reforzada: cuando los ciudadanos saben que la información se administra con ética, recuperan la fe en las autoridades.
- Participación social activa: al existir un mecanismo vigilado por ciudadanos, se fomenta un rol activo de la sociedad en la rendición de cuentas.
Un protocolo como guardián de la verdad
Ballesteros ha insistido:
“Debe haber un protocolo muy claro para proteger esa transición de información y una comisión ciudadana que trabaje en su vigilancia, siempre, para lo de antes y lo de después”.
Su visión es que este protocolo sirva de “candado institucional”, resguardando el flujo de datos sobre actos de corrupción, sin importar cambios burocráticos del Estado.
¿Por qué es urgente?
Ante la desaparición del INAI existe el riesgo de que documentos esenciales “desaparezcan” o se pierdan en el proceso burocrático. Según Ballesteros, esto representaría un “retroceso” en los avances de México en materia de transparencia.
La propuesta será turnada a comisiones legislativas, donde deberá discutirse, enriquecerse con aportaciones de especialistas y eventualmente someterse a votación en el Pleno de la Cámara de Diputados. Si se aprueba, deberá incluirse en la normativa del nuevo órgano de transparencia.
