Luego de que se confirmara la detención de dos hermanos mexicanos en el estado de Florida, las autoridades consulares mexicanas han comenzado a brindarles asesoría legal y protección ante posibles violaciones a sus derechos humanos y civiles, debido a irregularidades detectadas en su proceso de detención.
Los jóvenes Carlos y Alejandro González, originarios de México, fueron trasladados al centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, una prisión estatal de alta seguridad que no pertenece al sistema federal de inmigración (ICE), lo cual complica el acceso a información oficial sobre su situación migratoria y legal.
Carlos, de acuerdo con información proporcionada por el Consulado de México en Orlando, se encontraba de vacaciones con visa de turista vigente en Estados Unidos tras el reciente fallecimiento de su madre. Por su parte, Alejandro está casado con una ciudadana estadounidense, lo que, en principio, le otorga una vía legal para su residencia en el país.
Sin embargo, ninguno de los dos ha recibido un número de registro de inmigración (“alien number”) ni número de caso, elementos necesarios para acceder a representación legal formal y a un juicio justo.
Intervención del gobierno mexicano
El cónsul de México en Orlando, Juan Sabines Guerrero, informó que recibió a Martín González, padre de los jóvenes, para brindarle información y asegurarle el seguimiento del caso. Asimismo, destacó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, los hermanos ya cuentan con representación legal por parte de la abogada Andrea Reyes, del Programa de Asesorías Legales Externas (PALE).
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por Juan Ramón de la Fuente, confirmó que tanto el consulado de Orlando como el de Miami están colaborando de forma coordinada para brindar asistencia consular, orientación legal y acompañamiento a los hermanos y a su familia.
Durante una llamada reciente, la abogada Andrea Reyes advirtió sobre presuntas violaciones a los derechos civiles de ambos connacionales, ya que su detención y condiciones de reclusión carecen de la supervisión del sistema federal, lo que obstaculiza el acceso a garantías básicas como el derecho a la defensa legal, información clara sobre su situación migratoria y visitas programadas.
La SRE informó que mantiene comunicación permanente con los familiares para actualizarles sobre el estado del proceso, las condiciones en las que se encuentran Carlos y Alejandro, así como las acciones legales en curso para proteger sus derechos y resolver su situación lo más pronto posible.
Este caso ha puesto nuevamente sobre la mesa las condiciones irregulares en las que pueden quedar personas migrantes, incluso con estatus legal vigente, dentro de centros de detención estatales en Estados Unidos, situación que México ha señalado en diversas ocasiones como una preocupación en materia de derechos humanos.
