El alcalde de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim Nogales, confirmó en un mensaje difundido en redes sociales que el gobierno de Estados Unidos le ha revocado su visa, en lo que describe como “un proceso administrativo” sin alcances personales o judiciales. Aseguró mantener la “conciencia tranquila” y consideró que esta decisión no responde a una acusación de responsabilidad ni indicio de irregularidad.
Gim, quien recientemente ganó un histórico periodo de reelección por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PVEM-PT), indicó que la revocación no ha interferido con su labor diaria: continúa participando en asuntos de seguridad binacional y atendiendo la administración municipal con normalidad.
En su declaración, el alcalde subrayó que “esto no es un escándalo ni una persecución, es un proceso administrativo”, con el que —dijo— actúa con responsabilidad y tranquilidad.
Este hecho se inscribe en una tendencia creciente de cancelaciones de visas a autoridades mexicanas durante la segunda administración de Donald Trump: previamente, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo también anunciaron que se les había revocado el visado estadounidense.
Visión experta
La medida podría interpretarse como una señal diplomática por parte de Washington, en el contexto de mayores exigencias de cooperación en materia migratoria y seguridad. Las autoridades estadounidenses, sin revelar motivos, han adoptado esta herramienta como parte de una política más estricta hacia figuras públicas mexicanas.
Para gobiernos locales como el de Nogales —cruciales en la gestión fronteriza, el comercio y la seguridad en ambos lados de la línea— perder la posibilidad de desplazarse a EE. UU. complica la coordinación directa con contrapartes estadounidenses.
Vínculos sospechosos
La revocación de la visa de Juan Francisco Gim representa un caso de relevancia política y diplomática, que cuestiona los mecanismos de cooperación binacional en zonas fronterizas. También pone sobre la mesa las suspicacias respecto a los vínculos de políticos del partido gobernante con redes delincuenciales o de narcotráfico.
