El Gobierno de México extendió hasta el 30 de noviembre de 2026 el programa de regularización de vehículos usados de origen extranjero, conocidos como autos chocolate, mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con los secretarios de Hacienda, Edgar Amador Zamora, y de Economía, Marcelo Ebrard.
La medida busca reducir desigualdades sociales al facilitar el acceso a un medio de transporte digno y mantiene la posibilidad de importar permanentemente vehículos extranjeros que cumplan con los estándares ambientales establecidos.
De acuerdo con el documento, el programa otorga certeza jurídica a los propietarios e importadores en todo el país, incluyendo la franja y región fronteriza norte, donde la actividad económica con Estados Unidos presenta características específicas.
La disposición tiene como propósito fortalecer la integración económica de América del Norte mediante la importación de vehículos cuyo número de identificación vehicular (NIV) acredite su fabricación o ensamble en México, Estados Unidos o Canadá.
El decreto señala que, para determinar si un automóvil es originario de alguno de los países del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el importador deberá contar con una certificación de origen basada en información verificable que demuestre el cumplimiento de las reglas correspondientes.
Asimismo, el texto oficial advierte que el Estado mexicano prohibirá la importación definitiva de unidades con restricciones técnicas, físicas o legales, incluyendo aquellos vehículos que cuenten con reportes de robo o que tengan limitaciones de circulación en su país de procedencia.
“Por cuestiones de seguridad y para dar certidumbre jurídica a los propietarios, el Estado mexicano debe impedir que sean importados de manera definitiva vehículos que tengan prohibida o restringida su circulación en el país de procedencia”, establece el decreto.
El programa de regularización, vigente desde 2011, ha sido modificado en múltiples ocasiones: en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 y 2022, además del decreto del 4 de noviembre de 2024, cuya vigencia se extendía hasta el 5 de noviembre de 2025. La nueva ampliación refuerza la continuidad del esquema hasta finales de 2026.
Aunque la administración federal destaca los beneficios sociales y económicos de la medida, el sector automotriz nacional ha reiterado su rechazo, argumentando que fomenta la regularización de unidades obsoletas y la formalización del contrabando vehicular.
