La diputada Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, advirtió que la intención del oficialismo de modificar la figura de revocación de mandato para hacerla coincidir con las elecciones federales de 2027 constituye “una señal de incertidumbre política” y una maniobra que busca transformar un derecho ciudadano en un mecanismo de ratificación gubernamental.
Durante un encuentro con medios de comunicación en San Lázaro, Ortega Pacheco cuestionó el trasfondo de la propuesta impulsada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, al considerar que lo que se pretende no es escuchar la voz de los ciudadanos, sino construir una narrativa favorable al gobierno rumbo a los próximos comicios. “Es un tema que no debería ni siquiera tocarse, porque es un derecho de los ciudadanos, no del gobierno. Lo que están pretendiendo al meterlo en un proceso electoral es una ratificación, no una revocación de mandato. Si la gente no lo está pidiendo, ¿cómo por qué lo tiene que pedir el gobierno? Eso muestra algunas señales de incertidumbre rumbo a la elección de 2027”, señaló.
La legisladora recordó que la revocación de mandato fue una figura creada y aprobada por el propio bloque oficialista con el argumento de fortalecer la participación ciudadana, y que su diseño original establece que debe realizarse en fechas distintas a los procesos electorales, precisamente para garantizar su carácter ciudadano. Modificar esa disposición, advirtió, “sería peligroso”, ya que implicaría abrir la puerta para que también los gobernadores pudieran ser sometidos a la misma dinámica.
“Por ejemplo, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, apenas tiene un año en el cargo. No sé si los veracruzanos la ratificarían en su mandato. Es una muestra de los riesgos que implicaría homologar procesos que fueron concebidos para fines distintos”, apuntó Ortega Pacheco.
La coordinadora de MC también señaló que, con esta propuesta, el gobierno busca restarle a la ciudadanía el derecho a activar el mecanismo de revocación en caso de inconformidad con el desempeño presidencial. “Si la gente está de acuerdo con el gobierno, no hay por qué hacer la revocación. Ellos mismos dicen que tienen el 70 por ciento de aprobación a la presidenta, ¿para qué promover la revocación? Esto se convierte en una ratificación que busca legitimar al poder, no en un ejercicio ciudadano”, subrayó.
Respecto al proceso legislativo de la iniciativa, la diputada informó que la comisión encargada de analizarla “no sesionó ayer, sin ninguna explicación, y no ha vuelto a convocar. Veamos cuál será el comportamiento en los próximos días”. Ortega consideró que el verdadero objetivo de la reforma sería abrir un espacio de promoción política en favor de la presidenta Claudia Sheinbaum. “Lo que busca Ramírez Cuéllar es permitirle a la presidenta hacer campaña”, sostuvo.
Al referirse a la crisis de seguridad en Michoacán, Ortega Pacheco criticó que el plan anunciado recientemente por el gobierno federal carezca de innovación y de respaldo presupuestal. “El presupuesto que se aprobó hace unos días no contempla este plan. No sé de dónde lo sacará la Secretaría de Hacienda, si recortará otros programas, pero no hay recursos asignados. Lo que tienen en común los diferentes gobiernos, desde Fox hasta López Obrador y ahora Sheinbaum, es que han sido reactivos. Hay que empezar a ser proactivos, a controlar espacios antes de que se desborden los problemas”, señaló.
La diputada yucateca adelantó además que presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para que se valore la desaparición de poderes en Michoacán, a raíz de la escalada de violencia que atraviesa esa entidad. Finalmente, informó que Movimiento Ciudadano designó al diputado Ignacio Samperio Montaño como su nuevo representante en el Comité de Ética de la Cámara, en sustitución de la diputada que anteriormente ocupaba ese cargo.
Con un tono crítico, Ivonne Ortega subrayó que la democracia mexicana no puede construirse desde el control gubernamental de los mecanismos ciudadanos. “La revocación de mandato es una herramienta de la gente, no un instrumento del poder. Alterarla para convertirla en una ratificación sólo refleja temor e incertidumbre en quienes deberían tener confianza en su propio desempeño”, concluyó.
